La arremetida del presidente de Estados Unidos contra la prestigiosa Universidad de Harvard tiene conmocionada a la comunidad internacional, pues no solo deja en el limbo a miles de estudiantes extranjeros -25 % del total del estudiantado-, sino que significa, según lo expresado por académicos, que el recorte de fondos se ha convertido en su nueva herramienta de presión, socavando los derechos constitucionales de las instituciones.

Las cuerdas se tensaron más cuando Alan Garber, presidente de Harvard, anunció el 14 de abril que la universidad no acataría las demandas de la Administración Trump, que incluyen una serie de reformas que, según argumentó el Gobierno, buscan combatir el antisemitismo y abandonar las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) instauradas durante la era del demócrata Joe Biden.

“Ningún gobierno —independientemente del partido que esté en el poder— debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir”, fue la respuesta de Garber, seguida de una querella contra la administración por la cancelación de millones de dólares en financiamiento público, lo que desencadenó en que el Gobierno federal cancelara una certificación que le permitía a la universidad admitir estudiantes extranjeros.

La demanda arguye que la primera enmienda protege la libertad de expresión frente a las injerencias gubernamentales que buscan imponer el equilibrio ideológico y prohíbe al Gobierno utilizar sanciones legales u otras medidas coercitivas para suprimir las expresiones que no le gusten.

Todo lo anterior sin contar con la lista de exigencias que la Administración ha hecho, entre las que se encuentra la prohibición del uso de máscaras, la revisión de los departamentos académicos, limitar las protestas en el campus, compartir los datos de admisiones con la Casa Blanca y reformar las políticas de disciplina.

Para frenar las medidas, un juez determinó el pasado viernes que debía bloquearla, argumentando que causaría daño inmediato e irreparable a la casa de estudios.

Pero el caso de Harvard no es aislado, Trump ha emprendido su contienda también contra de otras de las universidades que componen la denominada Ivy League, que son instituciones privadas con sede en el noreste de Estados Unidos y entre las cuales se encuentra Dartmouth, Harvard, Brown, Columbia, Cornell, Yale, Pensilvania y Princeton. De acuerdo con el mandatario republicano, todas estas instituciones albergan expresiones y manifestaciones de antisemitismo. ¿Su sustento? La ola de marchas propalestinas y contra la guerra en la Franja de Gaza que se han presentado en los campus estadounidenses en general.

En ese sentido, lanzó la cruzada con la suspensión de los 9.000 millones de dólares a Harvard; la cancelación de 400 millones de dólares en financiación a la Universidad de Columbia; la congelación de mil millones de dólares de fondos a la Universidad de Cornell; la pausa de subvenciones y contratos a la Universidad de Brown por 510 millones de dólares; la suspensión de decenas de becas de agencias federales como el Departamento de Energía, la NASA y el Departamento de Defensa de la Universidad de Princeton y los recortes por 175 millones de dólares a la de Pensilvania.

La alerta no es para menos, pues con la afrenta no solo se pone en riesgo la continuidad de los estudiantes extranjeros dentro de cada una de las instituciones, sino la educación y la ciencia mismas que se desarrollan dentro de los claustros o, como lo argumentó el mismo Garber, se pone en peligro investigaciones en temas críticos como el cáncer, enfermedades infecciosas y las lesiones en el campo de batalla. “Las consecuencias de la extralimitación del Gobierno serán graves y duraderas. Recortar indiscriminadamente la investigación médica, científica y tecnológica socava la capacidad de la nación para salvar vidas estadounidenses, fomentar el éxito estadounidense y mantener la posición del país como líder mundial en innovación”.