A riesgo de ser cansinos, no podemos menos que advertir otra vez cómo las señales sobre la creciente crisis de la energía eléctrica en el país y, en particular, en la región Caribe, se hacen cada día más preocupantes. Desde el insólito llamado de la agente interventora de Air-e que ahora le pide a la Superintendencia de Servicios Públicos les lance un ‘salvavidas’ financiero para poder pagarles a generadores de energía y proveedores hasta las alertas por un posible apagón que han elevado los gremios por las abultadas deudas de la nación con el sector. Por donde se mire, todo apunta a que la situación pasará de castaño oscuro.

La pregunta que millones de usuarios del Caribe se hacen, porque la crisis de Afinia no resulta diferente, es una sola: ¿será posible que la región afronte un apagón en algún momento? El solo recuerdo de ese evento sin precedentes en la historia de Colombia causa estupor. Sobre todo porque quienes lo vivimos dábamos como un hecho que el fantasma del racionamiento eléctrico, de horas que parecían no tener fin, registrado entre marzo de 1992 y febrero de 1993, se había alejado por completo de nuestras vidas. A estas alturas, ya no es tan claro, debido a los riesgos e incluso amenazas que planean sobre este sector.

El Gobierno no se puede dar el lujo de fracasar en el reto de garantizar seguridad energética. Encontrar soluciones es su responsabilidad directa, no transferirles esa tarea a los agentes de una cadena estresada al máximo por circunstancias que él conoce bien porque de hecho está detrás de buena parte de ellas. Primero aparece la crisis financiera derivada de lo que les adeuda a las empresas por los subsidios, que al término de abril alcanzaba $3,1 billones.

Si a ese concepto se les suman las deudas por opción tarifaria, más lo que deben las entidades oficiales y lo correspondiente a los precios de bolsa, el monto total asciende a $7,8 billones. Difícil, por no decir inviable, operar bajo esas condiciones de asfixia financiera que, indudablemente, comprometen la continuidad en la prestación de un servicio esencial.

Segundo, tantos intentos por cambiar las reglas de juego han generado gran desconfianza e incertidumbre en un sector que requiere seguridad jurídica para soportar sus inversiones. El Ejecutivo insiste en sacarse de la chistera borradores de decretos o nuevas regulaciones sin concertación alguna, que se interpretan como intentos velados de intervenir el mercado o de modificar el actual modelo. El más reciente, el proyecto de limitar el costo de la energía en bolsa, que anticipó la Creg, una vez se firme, deberá ser analizado por este organismo técnico e independiente, fruto de las lecciones aprendidas del apagón. Sus comisionados tendrán que determinar su viabilidad técnica, jurídica y regulatoria, porque ese es su papel.

Politizar las decisiones del sector eléctrico, como ahora se pretende, o adoptarlas al margen de criterios técnicos, haciéndolo bajo la lupa de posturas dogmáticas e ideologizadas no solo sería un error mayúsculo, sino que nos devolvería a la época anterior al racionamiento de los 90. Eso era lo que pasaba. Seguramente no se acuerdan porque la memoria es frágil. Las determinaciones de fondo las tomaban los políticos de turno. Al final, las soluciones mágicas no existen, lo que funciona es afinar posiciones para consensuar las salidas que nos beneficien a todos, no a unos cuantos. Los discursos de confrontación e intolerancia apenas son útiles para alimentar la sensación de fragilidad extrema o desconcierto, cuando lo que la ciudadanía reclama son certezas, seguridad, frente a un servicio esencial como la energía.

Esto no es un asunto de justicia divina ni humana. Tampoco de vetos, políticas agresivas, ni de boicotear a un gremio, como lo es Andesco. Al contrario, lo que se necesita es deponer los ánimos pese a la tensión evidente, de modo que harían bien el ministro de Minas, Edwin Palma, y el presidente del Consejo Gremial, Camilo Sánchez, en sentarse a conversar para poner sobre la mesa el quid del asunto. No nos equivoquemos, nuestro problema es la falta de capacidad para generar energía firme. El déficit estimado para el 2027 y 2028 es del 7 %.

En cualquier caso, tampoco nos llamemos a engaño. Lo señalado por la agente especial de Air-e, Diana Bustamante, descoloca. La funcionaria, designada a instancias del actual minminas, demanda una urgente inyección de recursos por más de un billón de pesos para asegurar la operación de la empresa. Si Palma no los gestiona con su colega de Hacienda ni la Superservicios se ocupa de pagar por la energía de la entidad que intervino para supuestamente garantizar que siguiera funcionando, ¿qué podríamos esperar los usuarios?

Seguramente, el sector necesita reformas para actualizarse o acelerar la transición hacia las energías limpias, además de salidas para el tema de tarifas y más cosas. Cierto, pero sobre todo se requiere que opere con seguridad energética. Esto no es una disputa, es una crisis.