Los ataques deliberados del Clan del Golfo contra integrantes de la fuerza pública, principalmente en departamentos del Caribe y Antioquia, son apenas la punta del iceberg de una abismal crisis de violencia criminal que va copando espacios en el territorio nacional.
O, al menos, eso es lo que parece, luego del repudiable asesinato de casi 30 policías y soldados en las últimas dos semanas. Ataques aleves, algunos registrados mientras cumplían con su deber, como sucedió con los 7 militares emboscados en Guaviare; otros han sido masacrados durante su tiempo de descanso o vacaciones, cuando compartían con las familias en sus propias casas y se encontraban en un estado de absoluta vulnerabilidad.
No cabe duda que la nueva ofensiva del Clan del Golfo es un acto de venganza tras el operativo contra José Miguel Demoya, ‘Chirimoya’, jefe de la estructura Arístides Mesa Páez, que hace presencia en Sucre, Córdoba, Bolívar, Atlántico y Santander. Al macabro plan de crímenes selectivos se sumaron el ELN y las disidencias de Farc, al mando de alias Calarcá.
Sí, el ‘plan pistola’, esa herencia maldita de la ‘narcoguerra’ declarada por Pablo Escobar y el cartel de Medellín contra el Estado colombiano, entre finales de los 80 y principios de los 90, que dejó centenares de policías asesinados, se ha convertido en uno de los mecanismos de terror usados por el Clan del Golfo para causar el mayor daño posible. Por un lado, a la moral de la fuerza pública, a la institucionalidad misma de la nación que, como ahora, luce impotente para garantizar la protección de sus miembros. Y por el otro, a la población civil que se descubre inerme, expuesta, al condenable desafío de soberanía criminal de los sicarios del grupo, teniendo en cuenta que parte de sus objetivos estaba fuera de servicio.
En un intento de recuperar el terreno perdido ante la abominable demostración de fuerza y poderío de los grupos armados, cada día más expandidos o fortalecidos, entre otras razones por el comprobado colapso de la paz total, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anuncia recompensas. De $200 millones por información sobre los responsables de los ataques y de $20 millones por datos que eviten nuevos asesinatos. Bien, pero confiamos en que estas sean solo dos medidas de una estrategia mucho más envolvente, robusta, con inteligencia u otras acciones concretas que pongan fin a esta espantosa oleada de crímenes que escala, con especial virulencia en la región Caribe, en Córdoba, Magdalena o La Guajira.
Semejante comportamiento criminal, de recurrente frecuencia, como ha sido evidente en los gobiernos de Santos, Duque o el mismo Petro, requiere de un decidido liderazgo que se anticipe a cada ataque, agresión o asesinato. Tiene que ser un asunto de prioridad nacional. No podemos dejar a nuestra fuerza pública sola, en medio de la angustia que destroza a los hogares de los héroes de la patria, ni tampoco esperar a que el asunto se salga aún más de control para caer en repetitivos ultimátums que, al final, no se traducen en hechos reales.
El tiempo apremia, la seguridad de la ciudadanía, la institucionalidad democrática, está en riesgo como consecuencia de la actual ofensiva, una guerra en toda regla, desatada por los grupos armados, entre ellos y contra el Estado. La regresión a momentos complejos, dolorosos, de nuestra historia de las últimas décadas, que tantos prefirieron no ver pese a que se producía ante ellos, le exige al Ejecutivo reaccionar con entereza, sin más dilaciones.
No combatir la criminalidad de forma decidida para privilegiar el diálogo, como ocurrió en los primeros dos años largos del Gobierno, o hacerlo mal porque no se cuenta con una estrategia diseñada para encarar un conflicto de alta fragmentación como el nuestro nos ha dejado a merced de grupos armados que ejercen control territorial, dictan normas sociales o hacen parte de economías legales. Ahora, si como ha dicho el mindefensa, las disidencias de ‘Calarcá’ “traicionan la paz”, matando a 7 soldados en Guaviare, ¿seguirá el jefe de Estado manteniendo suspendidas las operaciones militares en su contra? ¿Qué hará si el Clan del Golfo, como es previsible, no abandona la actividad ilícita? El país espera respuestas claras antes de que sea demasiado tarde para más policías y soldados, los hijos del pueblo.
