La tormenta perfecta por la creciente estrechez entre oferta y demanda que se abate sobre el sector energético, particularmente alarmante en el tema del gas, y, además, advertida con insistencia desde hace largo tiempo por gremios, agentes y expertos, arrecia con fuerza.

Las razones detrás son tan evidentes como esperadas. A decir verdad, parece que al único que le tomó por sorpresa es justo al que debería estar listo para reaccionar: el Gobierno nacional y, en especial, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. No obstante, como ha ocurrido en ocasiones anteriores desde que empezaron a sonar las alarmas, este se escuda en la negación de la crisis para reiterar que el tal déficit no existe y que el país tiene suficiente producción de gas local para abastecerse. Falso. Lamentablemente, o el funcionario fue mal informado o intenta evadir su responsabilidad ante la actual coyuntura.

Así que frente a la negación e incredulidad, hechos, siempre nos quedan los hechos. Lo primero, sin duda, la confirmación de Ecopetrol sobre una nueva caída de las reservas de gas natural, que pasaron de 7,2 años en 2023 a 6,7 años en 2024, lo cual corrobora el creciente riesgo de escasez o insuficiente disponibilidad para atender la demanda esencial. Tanto es así que su presidente, Ricardo Roa, reafirmó, por un lado, la necesidad de seguir importando para garantizar la oferta en firme en 2025 y anunció, por el otro, que trabajan en dos proyectos de regasificación que entrarían a operar a mediados de 2026, en Chuchupa, La Guajira, y en Buenaventura, en el Pacífico, que se sumarían a la terminal de SPEC, ubicada en Cartagena.

Por si hiciera falta ser aún más precisos, Ecopetrol, que maneja como Dios el negocio del gas en Colombia, dice que a partir de 2026 confía en poder vender u ofrecer cantidades adicionales para atender la demanda nacional, pero para 2025 lo ha dejado claro: ya no tiene cómo ni con qué. Porque debe honrar con un puñado de distribuidoras los contratos bilaterales de gas que suscribió a largo plazo a costos competitivos de mercado desde hace años. El resto de empresas no tiene otra alternativa que comprar el gas a precio importado, tanto el nacional que está por las nubes en medio de este desorden o el que viene de afuera.

¿Cómo impacta al usuario esta histórica e irresoluble escasez por el decrecimiento de las reservas sumado al reducido o nulo interés de la actual administración para firmar nuevos contratos de exploración que contribuyan a solventar la crisis en vista de sus dogmáticas posturas que nos han conducido a perder la soberanía del gas? Es un golpe directo al bolsillo de los residenciales, comerciales e industriales, sobre todo del centro del país, hasta donde hacerles llegar el gas de la región Caribe les aumenta el valor del servicio hasta en un 36 %.

A este panorama de incertidumbre por déficit, altas tarifas y pérdida de autosuficiencia tras 45 años, toca añadirle señales regulatorias o de política pública poco alentadoras. Al final, la reflexión es de sentido común: ¿quién invierte bajo estas circunstancias para asegurar la estabilidad del sector? Es lógico que sin oferta en firme el rumbo se nos hará más complejo. Sobre todo porque el desarrollo de proyectos en los que Ecopetrol tiene puestas sus esperanzas como Sirius, la mayor reserva de gas en Colombia, en la costa afuera de Santa Marta, a partir de 2029, podría retrasarse porque aún no tiene licencia ambiental y tampoco ha arrancado el proceso de las consultas previas que se sabe, por experiencias como en La Guajira, solo para citar un ejemplo, puede tomarse mucho más tiempo de lo presupuestado.

Como si semejante tormenta no fuera por sí misma lo suficientemente intensa, la inspección de la Superintendencia de Industria y Comercio a Naturgas reveló una notoria intención de desestabilizar a un sector crucial, al traspasar las líneas rojas del derecho a la libre asociación. No en balde la Procuraduría halló 16 irregularidades durante la actuación.

En tiempos de oscurantismo, ignorancia consentida o negación deliberada sobre las crisis que nos arrinconan, muchas alertas sobre el faltante de gas en firme se habrían pasado por alto si Naturgas no las sustentara. Silenciarla o intentar controlarla no resolverá el déficit. La solución no tiene discusión. El Gobierno está obligado a asegurar oferta ante la demanda, por tanto resuelva, evite el desabastecimiento, explore, produzca e investigue quién sube los precios del gas nacional. Pare de una vez la fuente inagotable de distorsiones con menos politización sobre la escasez y más garantías para los usuarios. El resto es pura cortina de humo.