El cierre temporal o permanente de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) se equipara a una catástrofe en toda regla. Es difícil expresarlo mejor.

En ese sentido, si la determinación del trinomio Trump-Musk-Rubio de congelar durante 90 días la entrega de las ayudas internacionales de la agencia a terceros países pasa a ser definitiva, Colombia enfrentará una afectación descomunal, principalmente en sus comunidades más vulnerables, como grupos étnicos y población migrante.

Solo este año la entidad había comprometido recursos por más de 413 millones de dólares que iban destinados a financiar programas de asistencia humanitaria, de acceso a salud, educación y seguridad alimentaria, reducción de pobreza, equidad e igualdad de género, entre un largo etcétera de proyectos que por ahora han sido suspendidos o paralizados hasta nueva orden.

En efecto, el aporte de Usaid representó, de acuerdo con un reporte del Centro de Estudios Económicos Anif, el 59,7 % del total de la cooperación internacional que recibió el país en 2024. De tal manera que, tras el corte de los fondos, desde proyectos del Gobierno nacional hasta iniciativas de Cáritas Colombia, pasando por investigaciones clave a cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz, se han quedado en el limbo.

Así como se encuentran no solo los miles de trabajadores vinculados a una gran cantidad de organizaciones sociales y humanitarias, empresas privadas y agencias estatales que dependían de estos recursos para sus operaciones en el terreno, también las millones de personas que eran sus beneficiarias.

Sin duda, desconcierto e incertidumbre se extienden por distintos sectores, porque aunque Petro anuncie que el Estado cubrirá los huecos fiscales que se abren, como en el caso de la JEP, la realidad es que la estrechez de las finanzas públicas no garantiza la entrega de los $16 mil millones que Estados Unidos le asignaba anualmente a la jurisdicción.

Otras voces dan como un hecho que si la decisión de la administración Trump no tiene vuelta atrás no podrán continuar con los programas que adelantan porque carecen de autosostenibilidad.

Han sido semanas de tensión en el mundo, de la que no escapan Alcaldía de Barranquilla ni Gobernación del Atlántico que financian algunos proyectos con recursos de cooperación internacional, vía Usaid. Preocupación extendida a población migrante, a la que se dirigen.

Por el momento, las señales que envía Trump sobre el futuro de Usaid son desalentadoras. Al referirse a la agencia, dice que la dirige “un puñado de lunáticos radicales”, a los que está echando. Del lado del flamante director del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, el asunto es aún peor. La mano derecha del presidente republicano en la crucial toma de decisiones para reducir el tamaño del Estado no la baja de “organización criminal”.

Algo de sensatez se encuentra en el mensaje del secretario de Estado, Marco Rubio. No sin antes criticarla por financiar ciertos programas que no se alinean con los intereses del país, al menos reconoce que Usaid “hace cosas que deberían seguir haciendo” y que así lo harán.

En momentos de crisis fiscal, Petro pide reestructurar el Presupuesto General para cubrir los fondos que dejarían de llegar. Casi nada. Son cerca de $2 billones los que habría que sacar de la chistera de manera inmediata para paliar los impactos del actual congelamiento.

Contrario a lo dicho por el jefe de Estado, que en su disparatado Consejo de Ministros calificó la ayuda de la agencia como un “veneno” que desafía la soberanía nacional, los fondos de Usaid –totalmente distintos a los que entrega el Departamento de Estado para combatir narcotráfico y crimen organizado transnacional– han sustentado el desarrollo de programas que el Estado no tiene capacidad de financiar. Han sido realmente necesarios. Satanizarlos, a estas alturas, por disputas de carácter político o ideológico con el vecino del norte supone un absoluto despropósito.

Lo que se debe procurar con una estrategia diplomática oportuna y pertinente es tratar de reorientarlos, de acuerdo con las nuevas prioridades del gobierno Trump, mediante un diálogo constructivo que priorice la asistencia humanitaria.