Dos años han transcurrido de la emergencia invernal de Piojó y los damnificados aún esperan ser reubicados. Que alguien tenga la bondad y les explique a estas cerca de 250 familias por qué su reasentamiento, anunciado casi de forma inmediata tras el desastre que arrasó con sus viviendas, las dejó totalmente inhabitables y sacó a sus difuntos a la calle por los irreparables destrozos en el cementerio, se ha dilatado durante tanto tiempo y continúa todavía sin una solución definitiva.

¡Es increíble! Como corresponde, en EL HERALDO se lo preguntamos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd). Esta entidad es la encargada de adelantar los trámites para trasladar a los afectados a un área segura, en vista de que las capacidades del municipio quedaron rebasadas por la dimensión de la calamidad desde el primer momento. Su director, Carlos Carrillo, quien hace unos meses visitó la zona devastada, reconoció que trabajan para “enderezar los procesos que habían iniciado de manera desprolija” los anteriores funcionarios de la unidad.

Suponemos, sin temor a equivocarnos, que se refiere al descuido de sus antecesores, Javier Pava y Olmedo López, quienes apenas se ocuparon de solventar la destrucción de Piojó. Este último, a propósito del escándalo de corrupción que de sobra el país conoce, nunca tuvo entre sus prioridades la protección de la vida humana para prevenir o mitigar riesgos potenciales ni para planificar o ejecutar obras de infraestructura destinadas a comunidades. Fue nefasto como pocos.

Acierta Carrillo al tratar de hacer del reasentamiento un proceso participativo que vincule a los afectados todo lo que sea posible. Entendemos su buena intención de apostar por un modelo que garantice viviendas y, además, medios productivos para ellos, pero el tiempo apremia. No únicamente para el Gobierno del Cambio, sobre todo para los damnificados que en algunos casos han decidido reconstruir o, al menos, adecuar las colapsadas estructuras de sus casas para residir en ellas. Comprensible. La resistencia o paciencia de Job solo le pertenece a él.

Aun conociendo el riesgo que corren tomaron una decisión aventurada. Les pudo más el hartazgo por no saber si les cumplirán con el arriendo del mes o si encontrarán un sitio que puedan pagar. Tampoco faltan quienes creen que la promesa de un hogar seguro es ahora la de una casa en el aire. Que nadie se atreva a juzgarlos, porque habría que estar en sus zapatos para entender su desesperación, pero sí sería imprescindible que las autoridades municipales, departamentales o los delegados de la Ungrd revisaran el estado de las viviendas derruidas en las que aspiran a estar.

Otro asunto que no da espera es el del cementerio municipal. Cada vez que un piojonero muere sus seres queridos y amigos no tienen otra opción que enterrarlo en Barranquilla, lo que hace aún más profundo el dolor de su pérdida por el desarraigo. Es un imperativo moral con esta comunidad lastimada resolverlo cuanto antes, además de una necesidad humanitaria para sanar el impacto que ha causado en la salud física y mental de sus habitantes, especialmente de las personas mayores.

Reclamamos, como lo hemos hecho desde el primer día de la calamidad, una respuesta lógica de los organismos del nivel central y de entidades territoriales, llamados a garantizarla. También los ciudadanos tienen que ser exigentes con la gestión de las administraciones públicas. Lo deseable es que aceleren el reasentamiento para que los damnificados del municipio no tengan que esperar como algunas familias de Gramalote 14 años para recibir las escrituras de sus viviendas.

El desastre invernal de Piojó, al igual que otros similares en Atlántico, el Caribe y el resto del país, confirma que los efectos del cambio climático son reales y están aquí. Es momento de tomar decisiones responsables, incluso si estas requieren salir de territorios en riesgo, como zonas inundables o de inestables laderas para reubicarse en espacios seguros. Lo que los expertos llaman asumir la cultura de la emergencia o la prevención antes de que sea tarde, lo que demanda planeación estratégica, recursos y capacidad institucional para actuar. Todo eso que no tenemos.