El pasado sábado 12 de octubre se cumplió un mes de la intervención de la empresa Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el anuncio y el compromiso del Gobierno nacional de trabajar por estabilizar la compañía, garantizar y mejorar la prestación del servicio y reducir las elevadas tarifas del mismo.

El encargado de poner en marcha las directrices del Ejecutivo es el veterano y experimentado ingeniero Carlos Diago, el elegido por la Superservicios para la tarea titánica y nada menor de poner a flote a una empresa que después de casi cuatro años de operaciones acumuló una cartera por $1,8 billones por parte del Estado que terminó afectando su liquidez y capacidad de operación, según lo informó la propia empresa en un comunicado cuando se produjo el procedimiento administrativo de intervención por parte de la Superintendencia.

En ese momento, las condiciones del mercado, sostuvo Air-e, hicieron que los costos en la bolsa de energía asumidos por la empresa pasaran de $145 mil millones en 2022 a $876 mil millones en 2023, lo que terminó de complicar su balance financiero.

Pero volviendo a los pasos de la intervención, la sensación que ha quedado entre usuarios y entre los expertos consultados por EL HERALDO sobre lo que ha pasado en estos 30 días bajo el control del Gobierno en la comercializadora de energía es que los canales de comunicación para un proceso tan complejo y trascendental parecieran no estar fluyendo, o al menos no de la manera más conveniente que le dé tranquilidad a la ciudadanía y a los clientes.

Muestra de ello fue la intempestiva decisión anunciada por Diago de suspender los cobros de terceros en la factura como la tasa de seguridad, el impuesto de alumbrado público y el servicio de aseo, como una medida para reducir el valor de la misma, pero que finalmente fue desautorizada por el superintendente, tras el reclamo de las entidades territoriales.

La cosa va en que el cobro no podía dejar de hacerse de manera intempestiva y que el ministro dijo que se revisará y concertará cómo separar o dejar de efectuar los cobros de terceros en las facturas de energía. A la final dejar o no de hacer esos recaudos no incidirá en los costos del servicio y el valor del kilovatio, que es en últimas instancias lo que debe resolverse de fondo con las resoluciones en estudio por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas para, vía medidas regulatorias, poder incidir en los costos asociados a la prestación del servicio de energía como tal.

El gran problema es que la Creg sigue a medias y sin zapatos, dando tumbos por la falta de quorum para poder tomar decisiones, por cuenta de la insistencia del Gobierno de nombrar encargados y no comisionados en propiedad que cumplan con los requisitos de ley vigentes, como se lo ha ordenado el Consejo de Estado.

A esto se suman los inconvenientes técnicos y operativos que evidencian que no se están haciendo mantenimientos preventivos como se venían haciendo antes de la intervención y hay dificultades en la facturación, al punto de que a muchos usuarios no les ha llegado aún el documento correspondiente a lo consumido en septiembre y a algunos les llegó –contrario a lo anunciado de una reducción del 20,3 % por la eliminación de la opción tarifaria– con un valor erróneo del kilovatio por hora, con lo cual la empresa intervenida tuvo que enviar mensajes a los clientes pidiendo omitir y esperar una nueva factura con el valor prometido.

Y para colmo de males, la Superintendencia, que es la que vigila el funcionamiento de las empresas de servicios públicos, tal parece no había notado que los contratos de Air-e de compra de energía a largo plazo estaban venciéndose y ahora les toca comprar a precio de bolsa –hoy con valor de escasez por la sequía y por las dificultades también relacionadas con el déficit de gas–.

Mejor dicho, cómo se ven las cosas, el remedio puede terminar resultando peor que la enfermedad. Y en eso sí que tenemos ya experiencia con el servicio de energía en el Caribe. Un mes es poco tiempo para evaluar una gestión de intervención, pero es imposible no preocuparse, y en exceso, con tantas preguntas y pocas respuestas de quienes están al frente del futuro de la compañía y del servicio de millones de costeños en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Esta solo es una punta del gran problema energético del país que el Gobierno insiste en sostener que no hay tal, sino que es una narrativa de los generadores para obtener más ganancias. ¿Y si no es así?