El rollo del peaje Papiros se ha convertido en un verdadero bucle que mantiene al departamento del Atlántico, y puntualmente al municipio de Puerto Colombia, en un lío permanente del que parece no hubiera escapatoria. Desde el anuncio de la instalación de la polémica caseta a mediados de los 90 se dieron las primeras protestas en contra del peaje por considerarlo antitécnico y lesivo a los intereses del municipio costero, cuya mayoría de sus habitantes labora en Barranquilla, y así mismo muchos barranquilleros desempeñan sus actividades en el vecino municipio del área metropolitana.

En las últimas tres décadas no se ha hecho otra cosa que batallar para ponerle fin a la caseta del polémico peaje, que ya completó 29 años de operaciones como parte, primero, de la concesión Vía al Mar y luego de la Ruta Costera, pero en los dos últimos años la tensión se ha acrecentado, sobre todo porque, de acuerdo con quienes rechazan el cobro del mismo, señalan que va en contra del desarrollo turístico de un municipio que le ha apostado a vivir de esta actividad económica y en el que las administraciones departamentales han hecho cuantiosas inversiones para respaldar esa vocación.

Entre aplazamientos, suspensiones del cobro, reuniones, anuncios, compromisos y demás, parece que se enciende una luz al final del túnel y podría haber una solución salomónica que, sin violar las normas ni poner en riesgo el contrato de concesión que necesariamente debe cumplirse, sería el colofón de una larga disputa.

Después de muchas reuniones y búsqueda de salidas, la Gobernación del Atlántico y la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI– acordaron que la primera asuma el mantenimiento de un tramo de 12 kilómetros de la Vía al Mar, para lo cual se dieron un plazo de 60 días para revisar y ponderar todos los asuntos técnicos y jurídicos necesarios que hagan viable que se materialice esta apuesta de la administración departamental para zanjar –ojalá se logre– esta batalla que tantos problemas ha causado en el departamento.

Eso sí, manejar el tramo en cuestión requeriría una inversión de 170 mil millones de pesos. Y ese mantenimiento de la vía sería asumido –aún no se define– por un lapso de tiempo de 15 a 20 años. Tratándose de un tema tan complejo, aquí entra el concurso de los diputados del Atlántico que, como lo manifestaron a EL HERALDO, están en disposición de avalar, con base en unas proyecciones bien sustentadas, vigencias futuras para que la Gobernación pueda honrar el compromiso que asumiría en busca de ponerles fin a 30 años de polémicas y protestas.

Por ahora el peaje sigue funcionando con la tarifa diferencial de $1.500 para los 1.200 inscritos cobijados con el beneficio, y se cobran todas las categorías, excepto en las franjas horarias de lunes a viernes de 6:30 a 8:00 a. m. y de 2:00 a 4:00 p. m., así como los fines de semana y festivos de 4:00 a 6:00 p. m.

Más allá de los conflictos, diferencias, ataques y discordias, lo sano es que se produzca una concertación, como en efecto está sucediendo en desarrollo de las mesas técnicas, todo por el bienestar común y general de la comunidad. Ese es el camino, por eso hay que apostarle a que funcione, que produzca frutos y que todos los actores involucrado pongan de su parte para llevar a buen término la negociación que se tramita.

Después de tantas e incansables y eternas batallas legales, choques, protestas y situaciones indeseables es hora de encontrar en el diálogo y en el consenso la mejor solución para todos y que garantice la movilidad, seguridad y tranquilidad de una vía tan importante para el Atlántico y para el desarrollo turístico y económico de Puerto Colombia.

Van corriendo los 60 días del plazo fijado en la resolución del Ministerio de Transporte y en tanto es necesario respetar los acuerdos y cumplir con el pago en la caseta, con la confianza en que para cerrar este 2024 habrá un acuerdo definitivo que permita desaparecer, ahora sí, con todas las de la ley, el peaje Papiros y la discordia de tres décadas.