Atlántico, con 62 reportes, aparece después de Bolívar, que registra 65, como el segundo departamento del país con más bloqueos de comunidades en sus vías nacionales, durante el periodo de enero a agosto de 2024. También es uno de los territorios que los transportadores de carga estiman más inseguro por cobro de extorsiones, robo de mercancías y daños de vehículos.
Es el retrato de situaciones complejas, bien podrían catalogarse como crisis crónicas, que enfrenta un gremio determinante para el sector logístico. Desesperado, como está, no sorprende el llamado de auxilio que le lanzó al Gobierno nacional en su reciente congreso en Cartagena. Fue una ocasión propicia para que Colfecar, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, volviera a poner el dedo en la llaga sobre las difíciles condiciones que atraviesan.
La cuestión central es que en los primeros 8 meses del año el gremio advierte pérdidas por $2,5 billones como consecuencia de 472 incidentes o bloqueos por protestas sociales en las vías. Buena parte de ellos debido a falta de energía eléctrica, altas tarifas, deficiencias en otros servicios públicos, mal estado de carreteras, conflictos por peajes y problemas sobre educación.
En la suma de afectaciones, el sector contabiliza 3.380 horas de trabajo perdidas. O lo que es lo mismo, un total de 140 días que se traducen, en algunos casos, en alzas de precios que deben pagar los consumidores por sus productos, porque los fletes suben de valor. Si el rango de perjuicios se amplifica, en los últimos 20 meses los transportadores lidiaron con 1.214 bloqueos que les causaron pérdidas por $6,1 billones. Poco más de la mitad, en departamentos del Caribe.
El comprensible malestar del gremio por el desmedro de su productividad coincide con el incremento de 43 % de los conflictos sociales en el país durante 2023 documentado por la Defensoría del Pueblo. Queda claro que en el fondo de estas protestas aparecen la insatisfacción e inconformidad de comunidades por acciones u omisiones del Estado, también de particulares, que nos convocan a reflexionar sobre la genuina capacidad de reacción, toma de medidas y de cumplimiento de los acuerdos de los niveles gubernamentales y de los privados, en los territorios.
Evitar que la conflictividad social en las regiones escale a tal punto que derive en vías de hecho requiere una articulación interinstitucional liderada por el Gobierno nacional. Si no se fortalecen los espacios de diálogo constructivo con las comunidades, se procura la atención oportuna de sus demandas para darles respuesta efectiva y, sobre todo, si no se hace seguimiento a los compromisos adquiridos con antelación, los platos rotos de estas crisis anunciadas los terminarán pagando sectores como el de los transportadores que se declara impotente ante esta realidad.
El otro gran problema que tensiona la relación del gremio con el Ejecutivo es el de la seguridad. Grupos armados ilegales extorsionan empresas, controlan su paso por ciertos tramos y cobran a los conductores por dejarlos transitar o, supuestamente, brindarles seguridad. Usurpan al Estado arrogándose el papel de autoridad en corredores claves que se disputan con otras estructuras criminales. Esquivar sus abusos, como impedirles circular después de 6 p. m., lo cual nos reinstala en el país de los territorios vedados, hace parte del día a día de los transportadores que confían en la pronta adopción de medidas adicionales para reforzar la capacidad operativa de las autoridades en las vías. Ministerios de Transporte y Defensa y la Policía tienen la palabra.
El Gobierno podría marcarse un tanto, al concretar pasos en la formalización del sector, otra cuestión pendiente, para nivelar la cancha con empresas que sí cumplen la normativa vigente. Hace unas semanas, el gremio paralizó parte del país en protesta por el alza no concertada del ACPM. Ese conflicto abrió una oportunidad para que sus crisis estructurales sean abordadas en mesas técnicas con el ánimo de resolverlas de forma conjunta. Es imprescindible que se avance para impedir que más compañías, este año van ya 125, tiren la toalla con todo lo que ello supone.
