Si de algo se ufana el Gobierno del Cambio es de escuchar, pero a las malas. De eso dan fe los habitantes de la Mojana que durante los dos últimos años se han sentido tan abandonados por el Estado que reconocen que han acudido a las vías de hecho para que sus peticiones sean atendidas. Pero ni así obtuvieron garantías de ejecución de las soluciones pactadas. Pese a la presión de las comunidades, de sus movilizaciones sociales, buena parte de los anuncios que les formularon se quedaron en promesas.

A seis días de que se conmemore el tercer aniversario de la ruptura del dique de Cara ‘e gato, en San Jacinto del Cauca, los sentimientos de desolación, impotencia y frustración de los pobladores de la subregión, que abarca 11 municipios de Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia, se encuentran más revueltos que las impetuosas aguas del río Cauca, que siguen entrando por el nuevo boquete de 45 metros que se abrió el 6 de mayo, cuando parecía que la pesadilla había quedado atrás. Hoy las obras están paralizadas.

La otrora despensa agrícola de Colombia se ha ido marchitando, sumida bajo las aguas del Cauca, también como consecuencia de la apatía o desidia estatal. Sus dolientes le atribuyen parte de responsabilidad, por su tragedia invernal, a este gobierno al que acusan de no haberlos tenido en cuenta como esperaban. No logran entender cómo en estos dos años la Unidad Nacional de Gestión para el Riesgo de Desastres (Ungrd) decidió centrarse en temas distintos al del cierre del boquete de Cara ‘e gato, por el que a diario ingresa sin control la corriente, además contaminada de mercurio, a la Mojana.

Sus pueblos están acabados en todos los sentidos. Viviendas, colegios, centros de salud, acueductos, el listado de infraestructura deteriorada o en mal estado es interminable y nadie responde. La ruina llegó al campo en la era de la muy promocionada reforma agraria que los mojaneros aseguran que ha sido útil, pero para despilfarrar dinero porque no se han comprado tierras buenas para la siembra, sino zapales, a pesar de las advertencias de la gente del campo que tiene su sabiduría popular y sabe cómo y dónde pisar.

De las siembras de arroz y maíz solo quedan los recuerdos, porque ahora lo que existe es hambre y obligaciones vencidas. Los pequeños agricultores se endeudaron hasta más no poder para volver a cultivar, de tal forma que tuvieran para su subsistencia económica y consumo familiar. Pero ni lo uno ni lo otro. Pusieron entonces sus esperanzas en las famosas ollas comunitarias que mitigarían sus penurias alimenticias, pero estas terminaron beneficiando el bolsillo de quienes las manejaron, a la postre organizaciones foráneas distintas a las JAC de la región, como lo denunciamos hace meses en EL HERALDO.

Hartos de diagnósticos que no han servido para solventar su extendida crisis, con tristeza en el alma, desasosiego por su incierto futuro y, sobre todo, desconfianza en las gestiones del Gobierno nacional que, en cabeza del Ministerio del Interior y la Ungrd, acaban de anunciar un nuevo pacto territorial para “buscar soluciones de fondo, hacer unas obras de emergencia y contratar estudios para un proyecto que recupere el cauce del río Cauca”, los mojaneros no dejan de mirar al cielo porque saben que se avecina el invierno. Temen lo peor, aunque la verdad, las adversidades hacen parte ya de su vida diaria.

O si no que lo diga Abel Regino, campesino, morador de Ayapel, que no sabe cómo pagará los 100 millones de pesos que debe. Espera con ansias la condonación de su deuda. También pronta atención de las dolencias de salud de sus familiares y vecinos, como gripas, brotes en el cuerpo y enfermedades mentales. Lamenta que “algunos hayan decidido incluso ponerle fin a su existencia”. De eso nadie habla, mucho menos de las centenares de personas que cada jornada salen de las poblaciones hacia núcleos urbanos a realizarse diálisis por sus problemas renales, debido al mercurio que ha devastado sus organismos.

Indigna corroborar lo que ha sido un secreto a voces en la Mojana. Sus emergencias y, puntualmente, el rompimiento de Cara ‘e gato, en 2021 habrían sido el pretexto para que un puñado de funcionarios, entre estos el exdirector de la Ungrd Eduardo José González y diez exalcaldes municipales, hicieran fiesta. La Contraloría General les abrió procesos de responsabilidad fiscal por posibles detrimentos en obras de control de inundaciones, pagos en exceso a beneficiarios y desvío de fondos para ayudas humanitarias por $51 mil millones, mientras inició indagación por el enrevesado contrato de $130 mil millones para cerrar el chorro. En tres meses habrá resultados concluyentes, esperemos también sanciones.

El Gobierno se llena la boca diciendo que ningún otro Ejecutivo ha estado tan comprometido con la Mojana como este. Pero, sin resultados concretos, son solo palabras vacías. Los dignos mojaneros no quieren que les den comida, sino medios para producirla, como lo han hecho siempre, por eso ruegan que les cierren Cara ‘e gato. A estas alturas, la tragedia invernal de 2010-2011 palidece ante esta catástrofe que de momento no se le pronostica rápida solución.