Finalizada la temporada de festividades de junio en buena parte del territorio colombiano, la Dirección de Transporte y Tránsito reportó que en este último puente de San Pedro y San Pablo circularon 3.175.018 vehículos por las carreteras nacionales y se reportaron –a corte del mediodía del 1 de julio– 59 siniestros viales con 24 personas fallecidas.
Un informe previo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial destacaba que en el mes de mayo se había registrado una reducción del 13 % en el número de muertes en accidentes de tránsito por primera vez en cinco años, con 81 casos menos que en el mismo mes de 2023.
No obstante, la Contraloría General de la República llamó la atención esta semana del Gobierno nacional y a las entidades responsables de diseñar e implementar las políticas públicas de salud y seguridad vial para mejorar su articulación, teniendo en cuenta lo que considera una “preocupación por la numerosa población afectada en siniestros viales y sus impactos, los costos acarreados al sistema de seguridad social e impacto a la calidad de vida de las víctimas y sus familias”.
La advertencia del organismo de control se basa en el seguimiento a la política pública de seguridad vial, alertando sobre el hecho de que en 2022 y 2023 se tuvieron los registros más altos de lo que va del siglo con 8.600 víctimas en eventos de transporte, y señalando que es la octava causa de muerte para la población en general para el país, la quinta para los hombres y la primera en el caso de las mujeres.
Cómo no preocuparse al revisar y analizar la situación de accidentalidad y muertes por esta causa en Colombia si se está traduciendo en un problema de salud pública que le costó al país 2,7 billones de pesos en 2022 producto del más de millón de casos por atenciones clínicas, incapacidad permanente, transporte, muerte y gastos funerarios, cargados al sistema del seguro obligatorio de accidentes de tránsito y a partir de las reclamaciones a las aseguradoras y a la Adres. De ese tamaño es el impacto fiscal de la siniestralidad vial en el sistema de salud colombiano.
De acuerdo con la comunicación de la Contraloría, las metas trazadas de reducir en 50 % para 2030 las muertes y lesiones causadas por los accidentes de tránsito están muy distantes, si se tiene en cuenta que para 2022 y 2023 estaban fijadas en 7.015 y 6.675 muertes por año respectivamente, pero según los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial hubo 8.469 y 8.546 personas fallecidas en eventos de transporte para estos períodos, respectivamente.
Adicionalmente hay una profunda preocupación por lo que arrojó el análisis realizado por el órgano de control en cuanto a la afectación a la población de especial cuidado: en 2023 fallecieron 535 niñas, niños y adolescentes en estos eventos de transporte, con una variación creciente del 9 % respecto a 2022; en tanto que para el caso de los adultos mayores fue la primera causa de muerte violenta el año pasado, cuando se perdieron 1.768 vidas, con un incremento de 6 % con relación al año 2022.
Es absolutamente pertinente el llamado de atención que hace la Contraloría General de la República a las autoridades involucradas en garantizar la seguridad en las vías, pues los controles y planes preventivos parecen quedarse cortos frente a las dramáticas cifras de accidentalidad de tránsito y muertes por esta causa.
En lo que va de 2024, a corte del mes de mayo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial registra 9.655 lesionados y 3.294 víctimas mortales. La meta fijada para esta vigencia es reducir la cifra de fallecidos a 6.731.
Se requiere una revisión profunda de la política y de los planes implementados en procura de reducir los indicadores aún muy distantes de los objetivos en relación con la seguridad vial, pero también es necesario que los ciudadanos en su conjunto, todos los actores viales, conductores, ciclistas, motociclistas y peatones, se concienticen de la enorme importancia de conocer bien y respetar la normatividad de tránsito para no cometer imprudencias en las carreteras que puedan acabar o dañar una vida.
