El fenómeno de La Niña llegó con toda su fuerza a la región Caribe y al Atlántico mezclado con el inicio de la temporada de huracanes, marcando una intensa actividad de lluvias que ya han provocado las primeras emergencias en Barranquilla y el Departamento.
Las alarmas están encendidas frente a los riesgos que se prevén por la crudeza de los fenómenos climáticos que amenazan los departamentos costeños. En el caso puntual del Atlántico, el gobernador Verano presidió este fin de semana un encuentro con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres, Carlos Carrillo, en el que se decidió priorizar a ocho municipios para la atención de emergencias.
De acuerdo con los resultados de la reunión, se requiere una inversión de 65 mil millones de pesos para atender los daños y prevenir futuros desastres en los municipios de Manatí, Usiacurí, Juan de Acosta, Repelón, Caracolí, Tubará, Soledad y Malambo, en donde las afectaciones han sido causadas por deslizamientos, erosiones y fallas estructurales en infraestructuras.
No obstante, hay otros municipios que también claman por la atención y la ayuda nacional y departamental, como es el caso de Campo de la Cruz, en el sur del Atlántico, en donde se declaró la calamidad pública debido a las inundaciones en 10 barrios y la pérdida de cultivos.
Bienvenidos los planes y los diagnósticos de las autoridades departamentales y nacionales para identificar los puntos críticos y las inversiones que se requieren, pero al mismo tiempo la intensidad de las lluvias demanda acciones articuladas y demasiado oportunas para evitar que los desastres naturales terminen tomando la delantera y causando estragos y tragedias que pudieron evitarse.
El plan por ahora trazado contempla ayudas humanitarias, horas de maquinaria amarilla y la identificación de proyectos para mitigar riesgos.
La atención de emergencias como las que causan las intensas lluvias no dan espera, pero mucho menos la prevención. La historia se repite una y otra vez en las zonas en las que tradicionalmente las precipitaciones causan inundaciones y deslizamientos, pues la prevención siempre se queda en el último plano ante la urgencia que representa la necesidad de atender el desastre de forma inmediata.
Tiene que haber alguna forma para que en Colombia la prevención de los desastres naturales pase a un primer plano y las inversiones que permitan anticiparse a las tragedias estén en el primer orden de los presupuestos de la Rama Ejecutiva, tanto en el nivel nacional, como departamental y municipal.
Para el infortunio de los damnificados por los desastres naturales en el país, la atención de sus necesidades siempre termina atollada en medio de los escándalos de corrupción porque la plata que debe destinarse a reubicaciones, reconstrucciones y entrega de ayudas humanitarias termina en bolsillos de contratistas y funcionarios públicos.
Tanto que la máxima entidad llamada a la prevención y atención de emergencias en el país ha tenido su foco en los últimos meses en destapar escándalos y no en pensar cómo evitaremos que ‘La Niña’ termine jugando con la suerte de miles de personas en situación de riesgo por el fenómeno climático que amenaza con causar cuantiosas pérdidas materiales y ojalá que no humanas.
La crisis climática es cada vez mayor y de consecuencias cada vez más nefastas, por lo que su atención y las acciones preventivas deben ocupar un lugar preponderante en la agenda de los gobiernos y de todas las autoridades involucradas.
Entre tanto, les toca a los ciudadanos atender las recomendaciones y tomar las precauciones para reforzar techos y estructuras de sus viviendas, no arrojar basuras a las vías para evitar taponamientos de las rejillas y canalizaciones, no ubicarse en zonas de alto riesgo, entre otras acciones preventivas.
Y por su parte, las alcaldías y gobernaciones adelantar las acciones de mitigación de riesgos de forma oportuna y monitorear los caudales y niveles de ríos y cuerpos de agua para anticiparse a cualquier emergencia.
