Desde hace más de dos décadas Colombia ha estado inmersa, una y otra vez, en una espiral que parece no tener fin de escándalos por interceptaciones ilegales por parte de entidades del Estado y, por supuesto, usando los recursos públicos. Escándalos que han puesto en tela de juicio los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, y que llevaron incluso, en su momento, a desaparecer al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que se convirtió en uno de los principales focos de corrupción y de espionaje al servicio de políticos, privados y grupos ilegales.
En desarrollo de esos episodios organismos y altos funcionarios del Estado han terminado condenados, como es el caso de la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, quizás el más sonado, quien tuvo que pedir perdón a la larga lista de personajes que fueron víctimas de esta práctica absolutamente irregular y de la que hicieron parte la fallecida senadora Piedad Córdoba, magistrados de la Corte Suprema entre 2007 y 2008 y hasta el hoy presidente Gustavo Petro, además de columnistas.
De las llamadas ‘chuzadas’ también conoce muy bien el hoy ministro de Defensa y exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez, que le ganó una demanda al Estado colombiano y que obligó al DAS y al Dapre a pagarle una indemnización y a presentarle excusas públicas por los daños causados.
Por años se señaló a la práctica de las interceptaciones y seguimientos ilegales como exclusiva de la derecha política contra sus opositores; sin embargo, hoy cuando el Ejecutivo está en manos de la izquierda colombiana, este delito ha vuelto a poner en entredicho a los organismos del Estado dedicados a la inteligencia. El año pasado por cuenta de las interceptaciones a Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia, jefe de gabinete del Gobierno, por la pérdida de un dinero de su apartamento y que justamente este lunes motivó una inspección judicial a la Casa de Nariño por parte de la Fiscalía Penal Militar.
Y ahora por la grave denuncia de la Corte Constitucional que le ha pedido a la Fiscalía investigar los seguimientos que se estarían haciendo a magistrados del alto tribunal, en donde por cierto se han tomado drásticas decisiones en contra de los proyectos del Gobierno.
La Presidencia ordenó una investigación interna ante las graves denuncias y la Rama Judicial en pleno ha pedido celeridad en las pesquisas, pues de ser ciertas las denuncias se trata de “una afrenta a la democracia”. Nada más cierto.
No es posible que Colombia no pueda salir de ese círculo vicioso que no conoce de orientaciones políticas. El presidente Petro ha expresado que “este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado” y que en una inspección a la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia) “se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada”.
Apresuradamente el mandatario, que fue víctima de ‘chuzadas’ y que sabe cómo funciona esta práctica, desestima lo denunciado por la Corte y los cuestionamientos que contra la DNI se hicieron en el debate de control político en el Congreso.
¿Y qué tal que las investigaciones terminen comprobando lo contrario? Haría falta más mesura del Gobierno y del mandatario en un tema tan delicado y que parece una historia sin fin en la vida política colombiana. Lo que se requiere por parte del Ejecutivo es la condena sin ambages a un delito gravísimo y que le ha causado tantos problemas y episodios dolorosos al país y que se exijan resultados oportunos y eficaces para aclarar el manto de duda que vuelve a aparecer sobre entidades como la DNI y la UIAF.
Los organismos de inteligencia del Estado en su conjunto, tal como lo dijo el presidente Petro, deben estar enfocados y dedicados a la persecución del gran crimen. Se requieren claridades y pronto. No exoneraciones ni declaraciones exculpatorias que no conducen al fondo de los asuntos y que minimizan las advertencias de la Corte Constitucional.
