La pregunta que muchos se formulan en el Caribe tras escuchar al ministro de Minas, Andrés Camacho, reafirmar hace unas horas que el Estado asumirá el pago de los saldos de la opción tarifaria, pero que este solo cubrirá a estratos 1, 2 y 3, es rotunda: ¿Y qué pasará con los demás?

El prometedor anuncio del presidente Petro, hace menos de un mes en un encuentro con comunidades en Barranquilla, parecía definitivo en la resolución de una de las cuestiones clave que repercuten en el elevado valor de las tarifas de energía, crisis de vieja data que impacta a todos los estratos, también al 4, 5 y 6, además del sector comercial e industrial. Su perentorio mandato señalaba que en el plazo de un mes debían definirse los mecanismos para hacer viable la titularización de la deuda, lo cual es evidente que se ha venido concretando con determinación.

Sin embargo, como sabemos bien en el Caribe en la puerta del horno se suele quemar el pan y esta vez, me temo, no va a ser la excepción. Lo que ahora precisa el ministro Camacho, en un Comité de Seguimiento Energético celebrado este miércoles en Barranquilla, es que la orden del presidente Petro, la impartida el 7 de mayo en el barrio La Esmeralda y ratificada en una reunión de alto nivel el pasado lunes en Bogotá, es que los alivios derivados de la titularización de la deuda de la opción tarifaria se transferirán únicamente a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3.

Nos damos por enterados, aunque la verdad es que quedamos tan sorprendidos como desconcertados. ¿Será que ciudadanos, líderes sociales, gobernantes, representantes gremiales, dirigentes políticos y medios de comunicación entendimos mal el imperioso encargo del mandatario? ¿O quizás el Ejecutivo, a medio camino, reconsideró su decisión de lanzar un salvavidas a la totalidad de los habitantes de la región Caribe, ahogados como están por su agobiante situación de pobreza energética, para enfocarse en solventar la crisis de una porción?

Sería insensato, además de injusto, no atender ni entender el agónico clamor de los ciudadanos más pobres o vulnerables, de lejos los más pauperizados por asumir el pago de unas tarifas que en algunos casos superan sus ingresos mensuales. Hace bien el Gobierno en resolver de manera prioritaria esa bomba social, pero también es su responsabilidad dar respuesta a la difícil realidad del comercio y la industria, sectores duramente golpeados, de un lado, por los insufribles cobros de la energía y, del otro, por la desaceleración económica, producto de factores en los que tiene clara incidencia el actual Ejecutivo. Indicadores en retroceso hablan de un clima de desconfianza que ahuyenta la inversión, de incertidumbre por cambios en reglas de juego o de desinterés por construir consensos con los privados para hallar fórmulas que permitan dejar atrás la crisis.

Es probable, aunque cueste creerlo, que el Gobierno desconozca que el 97 % del tejido empresarial del Atlántico lo integran micros y pequeños empresarios, buena parte de ellos comerciantes, que si no se les ofrece una alternativa para disminuir lo que pagan en energía se van a reventar. Si esto ocurre, quién generará empleo, tributará impuestos o contribuirá con sus aportes a la inversión social. El llamado de la dirigencia gremial es tajante: ¡no los dejen solos! Mientras el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, pide evaluar una tarifa especial para ellos.

Ninguna salida a medias, que tienda la mano a unos y deje en el foso a otros por motivaciones que tampoco se han explicado con claridad, solventará la profunda crisis socioeconómica en el Caribe, donde la expectativa por la reducción de tarifas sigue siendo enorme. En este punto, no sabemos a qué atenernos, sobre todo porque el pago de la opción tarifaria a estratos 1, 2 y 3, una vez se materialice, solo amainará una parte de nuestra tormenta perfecta. Que nadie se llame a engaño, aún queda por resolver lo que se paga por pérdidas, modernización de infraestructura, tasa de seguridad, alumbrado público y otras perlas que les cuelgan a las facturas. Nadie se refiere a ello.

Cabría pensar que por razones políticas, porque se confunde ideología con sentido común, o también financieras porque se queda sin caja, debido al difícil momento fiscal que vive el país, con una dramática caída del recaudo tributario o un gasto público desbordado, el Gobierno del Cambio decide limitar los alivios a estratos 1, 2 y 3, estimados en $2,8 billones de un total de $4,8 billones, a nivel nacional. En todo caso, el monto acordado será asumido por Findeter y lo que quedaría, según lo anunciado por el ministro Camacho, es filigrana con las comercializadoras.

Deducimos que donde manda capitán no manda marinero, el presidente Petro ha tomado una decisión, que a todas luces resulta a medias. Decepcionante o difícil de entender para muchos que esperaban más. Dicho esto, no tiremos la toalla, insistamos en quemar las naves, en la región Caribe no tenemos salidas distintas a seguir tocando las puertas del Ejecutivo, de los actores de la cadena energética, del que haga falta, para ser escuchados, para construir alianzas, para buscar salidas conjuntas. Elevemos nuestra voz unidos hasta que seamos tomados en serio y dejen de imponernos soluciones hechas a su medida y no a la nuestra.