La firma del acta de reversión del aeropuerto Ernesto Cortissoz ya tiene fecha. La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, confirmó que está agendada para el 31 de agosto de 2024, de manera que desde el 1 de septiembre la Aeronáutica Civil asumiría las responsabilidades de la operación y mantenimiento de esta terminal aérea, ubicada en Soledad, que sirve a Barranquilla.

En cualquier caso se trata de un anuncio sujeto a eventualidades no descartables. En ese sentido, si no se consolida el proceso en la primera fecha estipulada se acordó como plazo máximo el 20 de diciembre, coincidiendo por cierto con una de las temporadas de mayor demanda de conectividad aérea del año, lo que podría hacer mucho más exigente, cuando no compleja la transición entre el actual concesionario, el Grupo Aeroportuario del Caribe, GAC, y la Aerocivil, que iniciarían entonces la siguiente fase, la de liquidación del contrato suscrito en el año 2015 bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) por un valor de 610 mil millones de pesos.

Pero esta circunstancia de los plazos que tampoco es menor, no es el principal desafío que exigirá máxima vigilancia de las partes involucradas y, en últimas, de la ciudadanía demandante de servicios de calidad en el Cortissoz, que desafortunadamente durante los últimos años no ha estado a la altura de lo que se esperaría del cuarto aeropuerto con más pasajeros movilizados del país: 3.184.185 en 2023, 150 mil más que un año atrás. Sus retos por delante saltan a la vista.

Obras de modernización sin culminar, equipos adquiridos que ni siquiera se han instalado e infraestructura renovada a medias, pero que tampoco se aprovecha como debería. La realidad se muestra incontestable. La operación del Cortissoz, como sus servicios, deja mucho que desear.

Es esencial que en el corto plazo se establezca como un asunto prioritario la terminación de los trabajos pendientes en el contrato original, asumiendo los ajustes necesarios por efecto de las dinámicas de un sector en permanente expansión como el aeroportuario. Es clave reconducir el proceso que se truncó como consecuencia de la crisis pandémica que sumió al GAC en un fuerte desbalance financiero y que derivó en una controversia arbitral iniciada en febrero del año 2021.

También será fundamental conjurar los riesgos técnicos y legales que puedan aparecer en un proceso tan complejo, en particular por las diferencias evidentes que mantienen la ANI y el concesionario en asuntos sensibles. Por todo lo que está en juego y actuando en defensa de los intereses de Barranquilla, del resto del departamento y de sus habitantes hace bien la Veeduría Ciudadana Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, conformada por la CCI Norte, el Comité Intergremial del Atlántico, la Sociedad de Ingenieros y la asociación cívica Por Amor a Barranquilla, en solicitar una mesa de trabajo entre la Contraloría, Procuraduría y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para que acompañe un camino que no estará exento de dificultades.

A la espera de que se definan los planes del Gobierno nacional, en este caso de la ANI que evalúa en etapa de prefactibilidad una nueva iniciativa privada para concluir los trabajos del Cortissoz, como anticipó EL HERALDO hace unos días, que invertiría unos 2,6 billones de pesos durante el lapso de la concesión, surgen preguntas, también temores, que tendrían que ser resueltos a la mayor brevedad por el presidente de la ANI o el propio ministro de Transporte. ¿Cuánto tiempo tomará estructurar la IP, paso previo a su adjudicación? ¿Habrá que esperar a que esto ocurra para acabar las obras faltantes de la modernización del Cortissoz que se requieren con premura?

Es cierto que la ANI tiene la responsabilidad –como lo está haciendo- de encontrar una solución definitiva para asegurar una óptima operación del aeropuerto en el largo plazo, pero también debe ser consciente de que mientras se concreta la IP, el Cortissoz no se puede quedar como está, a medio terminar, desencadenando impactos negativos en la competitividad del departamento.

El estropicio que su ineficiente funcionamiento ha causado a Barranquilla es profundo. Tenemos una limitada conectividad aérea nacional e internacional, apenas crece el número de pasajeros año tras año y, sobre todo, la experiencia en el Cortissoz no es agradable para sus usuarios. Urge terminar las obras con recursos públicos a partir del mismo momento en el que la Aerocivil asuma su operación. Es la expectativa que tenemos en el Atlántico, donde nos merecemos un aeropuerto adecuado a nuestras necesidades. Esta es una oportunidad que no se debe malograr. Al oído de la ANI, que podría hacer un esfuerzo adicional para tenernos en cuenta en un asunto tan crucial. Aún queda un largo camino por recorrer y es imprescindible que se actúe con sensatez y seriedad.