El Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano administrativo contra el que Gustavo Petro ha arremetido en anteriores ocasiones, encabeza por estos días su listado de bestias negras. Y mira que el presidente tiene bastantes. El punto de quiebre de esta renovada animadversión ha sido la ponencia radicada por dos de sus magistrados, Benjamín Ortiz, liberal, y Álvaro Hernán Prada, Centro Democrático, en la que piden formular cargos en contra del hoy jefe de Estado, en el momento de los hechos candidato, y contra quien fuera su gerente de campaña, Ricardo Roa, en la actualidad presidente de Ecopetrol, por una serie de supuestas irregularidades que se habrían cometido en el desarrollo de la campaña presidencial que lo llevó a la Casa de Nariño en el 2022.

Lo primero es señalar que el escrito de los investigadores corresponde apenas a un proyecto, no de trata de una sentencia firme ni mucho menos. Esto para evitar la tentación de caer en el tremendismo político que todo termina por convertirlo hoy en una conspiración, una persecución de la oposición o un “golpe blando”. De manera que el siguiente paso del trámite será poner a consideración de la totalidad de los nueve miembros de su Sala Plena, entre ellos los tres del Pacto Histórico, la ponencia para que se tome una decisión definitiva sobre la “presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales de primera y segunda vuelta”.

Lo que identificaron Ortiz y Prada, según evidencias recogidas en su ponencia, que no es nada distinto a la suma de aportes, préstamos y reportes de gastos omitidos en las cuentas oficiales, entre ellos el de Fecode, la USO y servicios de transporte aéreo, es que la campaña de Petro se habría volado los topes en más de $5.300 millones, vulnerando el principio de igualdad que deben mantener las campañas electorales. A grandes rasgos esa es su conclusión, que sea compartida por el resto de los magistrados del CNE solo el tiempo lo dirá, pero ciertamente la autoridad electoral cumple con el deber que le otorgó la Constitución, así resulte impopular e irritante a juicio de los seguidores del presidente que expresan total respaldo a sus actuaciones.

Hasta ahí normalidad. Se puede decir, y con razón, que estamos en un Estado de derecho, con garantías y en el que sus instituciones operan, nos gusten o no, como parte del andamiaje vital de una democracia. Sobre todo, porque no es la primera vez que una campaña presidencial está bajo la lupa de investigadores. El problema surge cuando es el propio presidente de la República, la autoridad más determinante e importante de la nación, el que decide vestirse de pirómano para lanzar incendiarios mensajes, cada uno más instintivo que el anterior, que avivan el fuego de una confrontación calculada con la que busca retroalimentar la retórica -instalada por él casi desde el inicio de su mandato- de una persecución políticojurídica que quiere sacarlo del poder.

El tono visceral del discurso en plaza pública del mandatario en el que anunció un “golpe de Estado”, convocó al pueblo a un levantamiento, llamó a la ciudadanía a rodear los centros de poder del país hasta que se restablezca el orden constitucional, en tanto calificó de “vagabundos corruptos de la politiquería” a algunos magistrados del CNE, impacta entre sus sectores más leales acercándolos a su causa, cierto. Pero también acrecienta el abismo que lo separa de quienes se descubren cada vez más hartos por la crispación al alza del relato populista, que ha situado a los colombianos a punta de falsos dilemas e irresponsables argumentos en universos paralelos sin mayores opciones de acercarse ni de encontrar puntos en común para entenderse.

Sus lógicas moralizantes han graduado de adversarios, cuando no de enemigos a quienes se expresan contrarios, discrepan o cuestionan las políticas de la dignidad o marcos ideológicos en los que gravitan. Previsible, pero en ningún caso tolerable porque las normas jurídicas como los derechos aplican para todos, incluidos quienes ejercen el poder y deben dar ejemplo de acatar las decisiones institucionales, así no las compartan. Movimientos a la desesperada del presidente Petro que desconciertan, pero que no se pueden relativizar viniendo de quien vienen. Está claro.

Quedamos notificados. La tormenta política no cesará ahora que de manera formal arrancó en el CNE el trámite de la investigación por las presuntas irregularidades de la campaña que cobijan a su candidato, al gerente y a dos auditores. Si por consenso esta se aprueba, la autoridad electoral deberá compulsar copias a la Comisión de Acusación de la Cámara, juez natural del presidente, para avanzar a una nueva etapa. Es el deber ser. De modo que sacudir, un día sí y otro también, los cimientos de la democracia, insistiendo en la tesis del “golpe blando” porque cursan procesos en distintas instancias nos relega a una épica inane que no es coherente con la realidad de un país estupefacto que demanda soluciones a sus crisis, no adentrarse en un juego de poder en el que se intenta extender la narrativa de una feroz persecución a cambio de impunidad. Pensamiento crítico para no dejarse arrastrar por las apariencias y serenidad para el presidente.