Las aguas están divididas. Mientras el Tribunal Constitucional de Perú dispuso la liberación inmediata del expresidente Alberto Kenya Fujimori Fujimori, condenado a 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, entre otros delitos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que no se ejecutara esa polémica medida que no solo está fraccionando al país, entre quienes apoyan al exmandatario –los fujimoristas– y los familiares de las víctimas que ven en el encarcelamiento del expresidente una de las pocas formas de justicia, sino que también abre un frente diplomático entre el organismo internacional y las instituciones peruanas que puede acarrear graves consecuencias para el país en el corto y mediano plazo.

La resolución de esta semana, firmada por el mismo presidente de la CorteIDH, Ricardo Pérez Manrique, requirió a Perú que no liberara a Fujimori hasta que la Corte Interamericana “contara con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumplía con las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte de 7 de abril de 2022”.

Sin embargo, el silencio de Dina Boluarte, presidenta del país desde diciembre de 2022 –cuando por sucesión constitucional reemplazó a Pedro Castillo–, no hizo más que tensar las cuerdas en el asunto, pues si bien muchos esperaban un pronunciamiento rápido a favor del mandamiento del derecho internacional, la jefa de Estado, en cambio, optó por no referirse al tema permitiendo así que los rumores sobre una postura beneplácita hacia el tribunal de Perú tomaran fuerza y, en esa senda, que otras figuras de su Gobierno se abogaran la vocería dando por sentada la liberación de Fujimori de la cárcel, lo que no solo terminó materializándose, sino que además salió acompañado la noche de este miércoles por sus hijos, Keiko y Kenji Fujimori, atizando así a la comunidad internacional sobre la inusitada imagen del exmandatario fuera del penitenciario bajo el consentimiento de las autoridades locales y en contravía de las disposiciones internacionales.

La decisión, sin embargo, no solo es consecuencia del indulto que en 2017 le otorgó a Fujimori al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), sino también una muestra de la fragilidad institucional que ha marcado a Perú durante las últimas décadas, con intermitentes etapas de crisis política, lo cual se ha visto reflejado en que, en tan solo 23 años, el país ha pasado por 11 presidencias partiendo desde Fujimori en el año 2000 y pasando por Valentín Paniagua Corazao (2000-2001), Alejandro Toledo Manrique (2001 - 2006), Alan García Pérez (2006 - 2011), Ollanta Moisés Humala Tasso (2011 - 2016), Pedro Pablo Kuczynski Godard (2016 - 2018), Martín Alberto Vizcarra Cornejo (2018 - 2020), Manuel Arturo Merino De Lama (2020), Francisco Rafael Sagasti Hochhausler (2020 - 2021), José Pedro Castillo Terrones (2021 - 2023) y Dina Boluarte (2022 a la fecha).

Además, en este listado al menos dos de los mencionados se encuentran tras las rejas del mismo penal de Barbadillo que albergaba a Fujimori, quien estaba encarcelado por crímenes de lesa humanidad y corrupción, sumando a Pedro Castillo con investigaciones fiscales por tráfico de influencias y rebelión, y cerrando con Alejandro Toledo, quien cumple prisión preventiva de 18 meses por los delitos de colusión y tráfico de influencias luego de ser extraditado desde Estados Unidos.

Bajo ese crudo panorama, en Perú la reconciliación y el ordenamiento de poderes no parecen una opción, pues la convulsión y la impunidad se erige como la sombra de cada uno de los períodos presidenciales, pero además acechan las calles y las instituciones entre protestas y el resquebrajamiento de la normativa internacional, que no solo sienta con esta liberación un preocupante precedente sobre el desconocimiento de los organismos globales diseñados para proteger los derechos humanos frente a problemáticas tan delicadas como la que vivió Perú, sino que también puede derivar en una denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que a su vez podría ordenar una expulsión al pasar por alto una decisión de la CorteIDH.