Una cifra que suena escandalosa y exagerada, pero es real: 66.742 casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar en el país, incluidos los casos de ataques con agentes químicos. Este es el número reportado durante el primer semestre de este año al Sivigila (Sistema de Vigilancia en Salud Pública) del Ministerio de Salud.
Esto equivale a un promedio semanal de 2.781 casos y a su vez de 397 por día. Del total de casos detectados, el 73,3 % fueron contra mujeres (51.600).
Una radiografía que aterroriza mucho más si se extiende a los feminicidios, pues aunque no existe una cifra unificada, entidades como Justicia para Todas contabiliza a corte del 15 de septiembre 170 casos en este 2023, mientras que el Observatorio de Feminicidios da cuenta de 410.
En cualquier caso, el panorama no es nada alentador, porque a pesar de que hoy existe más conciencia sobre el gran problema de salud pública que es la violencia de todo tipo contra las mujeres, los Estados se siguen quedando cortos en destinar recursos para protegerlas y prevenir los ataques contra ellas. Y por supuesto Colombia no es la excepción.
En ese sentido, ONU Mujeres enfocó este año su campaña Únete, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para el Eliminación de la Violencia contra las Mujeres este 25 de noviembre, en el mensaje “Invertir para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas”.
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los gobiernos solo destinan el 1 % de sus presupuestos a nivel global a la prevención, aun cuando atender la violencia contra la mujer se calcula en un costo de 1,5 billones de dólares.
El llamado de la ONU es más que pertinente y urgente, por cuanto es evidente que resulta mucho más rentable invertir para prevenir que más mujeres sean violentadas que atender las consecuencias de la inacción de los Estados para protegerlas no solo a ellas, sino a los hijos que por efectos colaterales o de forma directa también terminan siendo víctimas de esas violencias.
Si bien la violencia física y la sexual son las más notorias y por obvias razones las más reprochables, existen otro tipo de violencias como la sicológica y la económica que padecen a diario miles de mujeres que por diferentes razones se ven obligadas a soportar.
No es un secreto que las brechas salariales y de ocupación entre hombres y mujeres también se terminan convirtiendo en promotores de la violencia contra estas últimas, pues al no contar con libertad financiera se ven obligadas, no digamos que a tolerar, pues no lo hacen por gusto seguramente, sino a lidiar con esposos abusivos que las agreden verbalmente y que las tratan como su servidumbre bajo la excusa de que son ellos quienes llevan el pan a la casa.
Por todo ello es importante que el Estado, en cualquiera de sus niveles, sea garante del desarrollo de las mujeres, no solo generando leyes cada vez más severas para castigar a quienes las violentan, sino ofreciéndoles las herramientas y las oportunidades para su crecimiento personal y profesional, de forma que con entera autonomía puedan decidir sobre sus cuerpos, sus ingresos, sus vidas.
En julio de este año Colombia se estremeció por el feminicidio de la excampeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán. En su momento la Procuraduría llamó la atención de la sociedad y de las autoridades para no ser “indiferente ante el aumento de cifras de feminicidios y ola de violencia contra la mujer” y para entonces informó que Valle del Cauca y Antioquia eran, y aún lo son, los departamentos con más reportes. Igualmente reportó en ese momento que había remitido 410 alertas por riesgo de feminicidio.
No sabemos cuántas de esas mujeres en riesgo ya hayan logrado ponerse a salvo, pero es probable que algunas de ellas hayan terminado engrosando la estadística.
Prevenir no es una opción, es una obligación de las autoridades y de la sociedad misma que no puede ser indiferente a una mujer en riesgo de ser violentada o asesinada por su género.
