El estruendoso fracaso que ha tenido la reducción del 50 % en el valor del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), en el caso puntual de las motos de bajo cilindraje, podría calificarse como una profecía autocumplida. Nada distinto a lo que tanto se había anticipado. Los más técnicos sostienen que ha sido una política desatinada, además de poco o nada efectiva, que, por un lado, compromete aún más la sostenibilidad financiera del sector salud por el boquete que le ha abierto (se estimó que sería de $2 billones) y, por otro, porque no logró frenar el bacanal de víctimas de siniestros viales, una pandemia oculta que mata a 24 personas cada día en Colombia.
Fueron numerosas las advertencias que en su momento hicieron representantes de la industria aseguradora, voces autorizadas en movilidad y economistas frente a la pertinencia de esta decisión anunciada a finales del año pasado por el entonces ministro de Transporte, Guillermo Reyes. La principal crítica giraba en torno a su ineficiencia porque el subsidio no garantizaba a ciencia cierta el aumento en la cobertura de la póliza de los motociclistas, que son los usuarios que más la evaden y los que afrontan los mayores riesgos de accidentalidad en las vías del país.
El tiempo les ha dado la razón. Pese al descuento, la compra del seguro, como el Gobierno pronosticaba que ocurriría, no se incrementó en lo más mínimo ni se rompió la tendencia de los últimos años. Por el contrario, la medida incentivó la evasión que creció de manera considerable. De acuerdo con datos oficiales del Runt, en los primeros seis meses de este año, el 78 % de propietarios de motos pequeñas no adquirieron la póliza obligatoria, cuando ese registro rondaba un promedio de 60 % en anteriores periodos. Preocupa que muchos de los conductores de estos vehículos, que son casi el 61 % (11,2 millones) del total de los que circulan en el territorio nacional (18,4 millones), sientan que no tienen el deber de conseguirlo ni estén motivados a hacerlo, a pesar de que lo necesiten en algún momento teniendo en cuenta sus riesgos.
Más del 62 % de las 7.566 personas que han perdido la vida este año en las carreteras se movían en motocicletas. O lo que es lo mismo, 6 de cada 10 actores viales que fallecen, usualmente por exceso de velocidad, son sus conductores o pasajeros. Como si no fuera lo suficientemente doloroso, el 48 % de estas víctimas mortales tienen apenas entre 20 y 35 años. Si estas escandalosas estadísticas que no paran de crecer no constituyen una tragedia para Colombia, para su Gobierno, autoridades en general y para la sociedad entera, como no parece que lo fuera, ¡que entre el diablo y escoja! Sumamos demasiadas muertes, además de innecesarias y evitables.
El alarmante aumento en el número de siniestros viales, entre enero y junio, en particular en la región Caribe, donde solo en Magdalena fue de 31,5 %, comparado con el mismo lapso del año anterior, tendría que ser analizado como la emergencia que es. Pero eso sería pedir demasiado. Ni el Ministerio de Transporte ni la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le dan la importancia a una abismal crisis en la que convergen distintos factores, algunos de ellos relacionados también con las falencias que arrastra el Soat. Entre ellas, una deficiente y riesgosa infraestructura, escasas e inadecuadas campañas de seguridad vial o falta de actualización de normas que pongan en cintura la comercialización de vehículos inseguros. Aún seguimos esperando la implementación de la Ley “Julián Esteban”. Imposible encontrar mayor desidia o dejadez social e institucional frente a la imprescindible regulación de la seguridad vial. Sin políticas públicas ni acciones concertadas entre todos los actores, ningún avance será posible.
¿Qué espera el Gobierno para resolver esta sinsalida que amenaza la supervivencia del Soat y, de paso, la atención médica para las víctimas de siniestros viales? La estructura del seguro que ha salvado miles de vidas, sé de lo que hablo, debe ser revisada, al igual que la política de seguridad vial, antes de que el déficit crezca aún más. La elevada siniestralidad, las estafas cuando se compra por internet, los cobros irregulares de prestadores de servicios de salud, y la evasión de quienes tienen más riesgo de accidente, aceleraron su crisis. El diagnóstico está claro. Ahora bien, si el Soat expira, ¿qué nos espera? ¿Nuevos subsidios, además, mal diseñados? No conviene distorsionar más la realidad de un problema que no da espera. Hagan algo y háganlo ya.
