La decisión de la Junta Directiva de Enel Colombia de suspender indefinidamente la construcción del Parque Eólico Windpeshi en La Guajira incrementó inquietudes de agentes del sector sobre la seguridad energética del país. Aunque las razones son evidentes, conviene centrar el debate en los datos disponibles, como los de reservas de gas y petróleo.

También se deben tener en cuenta los retrasos o dificultades en la puesta en marcha de decenas de proyectos de generación, de fuentes renovables y no renovables, así como los inconvenientes para materializar su conexión al sistema nacional. Tratando de entender los hechos, lo anterior, incluso para los más profanos en la materia, supone riesgos reales que podrían derivar en un eventual déficit de energía, como lo prevé la misma Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), entre 2025 y 2026.

Conjurar cualquier amenaza en términos de seguridad energética requiere garantizar la buena salud de los proyectos, los actuales y los que están por venir, mediante estrategias sensatas, planificadas y articuladas que sean parte de una ruta metodológica viable.

Puede sonar simple, por no decir obvio, pero justo es lo que más se extraña en un camino tantas veces recorrido por los mismos actores: Estado, empresas energéticas y comunidades indígenas de zonas con potenciales recursos, como los de la región Caribe, considerada un polo de desarrollo energético nacional. Quienes lo transitan advierten que son indispensables demostraciones fehacientes de franqueza, de diálogo genuino basado en principios de dignidad y respeto, con sentido de corresponsabilidad entre todas las partes, para alcanzar el feliz término esperado.

En el Congreso de Andesco, en un acto de franqueza y construcción de confianza, bienes escasos en la actualidad, los presidentes del Grupo de Energía de Bogotá (GEB) e Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y líderes de los pueblos indígenas Wayuu, Wiwa y Yukpa coincidieron en que se requiere cambiar el actual orden de las cosas para evitar que iniciativas energéticas que el país demanda con celeridad sigan encallando en el insondable mar de recelos, prevenciones, improvisación y oportunismo transaccional que ha caracterizado sus interacciones.

La lacerante ausencia de un Estado incapaz de saldar su deuda histórica con comunidades, en cuyos espacios se han venido ejecutando proyectos minero-energéticos de enorme envergadura sin que hayan superado su absoluta marginalidad, más allá del caudal de promesas incumplidas de los distintos gobiernos, mantiene heridas abiertas que no ha sido posible sanar, con lo que los impactos se aumentan.

Sin institucionalidad permanente en los territorios indígenas, capacidad para leerlos o para encontrar información oportuna sobre procesos consultivos en curso, ni mucho menos interés para establecer un diálogo intercultural que incorpore la visión ancestral o las particularidades de cada etnia orientado a resolver los conflictos vigentes y planificar el futuro, el entendimiento es mínimo.

También aplica para los equipos sociales de las empresas que con escasa o nula visión de continuidad se estrellan contra la constancia de los liderazgos indígenas. No solo se reduce a una consulta previa o a muchas, sino a asumir que los reiterativos cambios entre los interlocutores, tanto públicos como privados, provocan que la desconfianza cotice al alza, impidiendo que la curva de aprendizaje se consolide.

La solución no es distanciarse más ante la dificultad para entenderse, sino ponerse en los zapatos del otro para acercarse, sin sentenciar quién va en la dirección correcta, porque no es fácil. Quienes estiman que el gran tema es la energía, deben saber que esta es una cuestión de derechos humanos, cierre de brechas sociales, lucha contra la corrupción, violencias y desidia estatal. Comunidades indígenas reconocen que los proyectos energéticos en sus territorios son viables. Subsistir con las empresas, por tanto, lo ven posible. El Estado debe entenderlo así y haría bien en actuar en consecuencia para facilitarlo.

Pensar en el futuro de la energía es clave. En un escenario con múltiples retos y en el que no existen garantías o certezas de superarlos ni siquiera en el mediano plazo, las señales son importantes. Las enviadas por el Gobierno, en especial la que considera no volver a firmar contratos de exploración y producción de hidrocarburos, no convocan a una razonable prudencia.

Con un fenómeno de El Niño respirándonos en la nuca, nadie querría quedarse sin la energía que demanda o necesita, pagando precios inviables e injustos, como ocurre en la región Caribe, y en un momento en el que debido a las exigencias de responsabilidad ambiental resulta esencial dedicar más esfuerzos a generar energía limpia para no seguir destruyendo el planeta.