De acuerdo con los relatos conocidos y recogidos por EL HERALDO en el barrio Carlos Meisel, la alerta trepidante desde el interior del Centro de Desarrollo Infantil del barrio el pasado lunes que advertía la presencia de un “violador” terminó desencadenando un prolongado ataque lleno de desmanes y saqueos al lugar donde diariamente asisten 440 niños de la zona que se benefician de la atención y asistencia alimentaria que reciben en el marco del Programa de Atención a la Primera Infancia del Distrito de Barranquilla.
En Fiscalía y Medicina Legal reposa desde el 1 de junio la denuncia de una madre de familia por presunto abuso sexual de su hija de 4 años por parte de uno de los tutores del CDI en mención. Según informó la Alcaldía en un comunicado, conocida la denuncia “se activó el protocolo indicado para estos casos y se activó la ruta correspondiente; además, se le brindó acompañamiento a la familia de la menor involucrada”.
Sin embargo, este lunes, al parecer, familiares de la niña llegaron hasta el lugar y al identificar al agente educativo señalado del abuso la emprendieron contra el hombre que habría intentado escapar de la ira de quienes quisieron tomar justicia contra él por cuenta propia, una reacción apenas lógica cuando de un posible abuso, especialmente de un menor, se trata. Nada más repugnante, despreciable e indignante que enfrentarse a una situación de esta magnitud, tanto que es imposible advertir cómo reaccionaría cualquier persona si tiene en frente al presunto responsable de abusar de un miembro de su familia.
Infortunadamente el suceso trascendió fuera de las paredes del centro de atención y terminó siendo incontrolable porque la comunidad en los alrededores terminó involucrada, probablemente sin tener claros los hechos, y se sumó a las agresiones contra el presunto abusador, pero no conforme con ello también se empeñó en destruir y atacar las instalaciones del CDI.
De tal magnitud fueron los desórdenes que uniformados de la Policía Metropolitana tuvieron que intervenir para capturar al señalado agresor sexual y parar los ataques contra la sede y resguardar la seguridad de los menores que allí eran atendidos en ese momento.
Se trató de una lluvia de piedras, botellas y toda clase de elementos contundentes contra un inmueble que no es del Distrito o del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sino de la comunidad que se beneficia cada día llevando a diario sus niños, la gran mayoría de ellos en condiciones vulnerables de este sector de la localidad Suroccidente, para que puedan recibir atención sicosocial, formación y la alimentación necesaria para su nutrición.
¿Por qué nos hemos acostumbrado a creer que un hecho criminal, por más reprochable que sea desde cualquier punto de vista, nos otorga como ciudadanos el derecho a ser jueces y, peor aun, actuar en consecuencia afectando la integridad de otra persona o, como en este caso, destruyendo un bien privado que no hace sino prestar un servicio a las comunidades de su área de influencia?
EL CDI de Carlos Meisel fue construido en 2015 y en el año 2022 fue objeto de una intervención por parte de la Administración distrital para mejorar su infraestructura y dotación, todo por el bienestar de los niños de 0 a 5 años del entorno.
Es dramático y toda una tragedia que una niña haya sido abusada en el interior de una institución a la que se supone es enviada para recibir cuidados y atención, por ello es imperativo que se investigue a fondo la denuncia y que todo el peso de la ley caiga sobre quien resulte responsable de un hecho tan horroroso. Es lo mínimo que se espera de las autoridades.
Pero el fin no justifica los medios. Lo que debió ser un rechazo ciudadano vehemente no tenía por qué terminar en actos vandálicos y delincuenciales como los que se registraron en Carlos Meisel. Ahora son 440 niños las víctimas de la acción criminal de quienes esperaron que la Policía se marchara con el señalado agresor y retornaron a saquear los elementos y materiales con los que estos menores tenían acceso a derechos fundamentales como una alimentación equilibrada, la educación, el cuidado y la recreación.
La justicia por mano propia, generalmente, termina derivando en problemas extremadamente complejos. Es necesario retomar la confianza en las autoridades y en la justicia, que son los llamados a investigar y castigar a los responsables de cada hecho criminal con rigor, contundencia y apego a las leyes
