En medio del carrusel diario de noticias y polémicas que ocupan la opinión pública nacional por cuenta de la polarización política, los controvertidos proyectos de reformas que pretende sacar adelante el Gobierno nacional y la tribuna y medio de comunicación propio que el presidente Petro ha configurado para gobernar desde su red social en Twitter, se generó un hecho informativo de la mayor trascendencia que no puede pasar a un segundo plano y requiere la mayor atención de las autoridades a todo nivel.

Se trata de la advertencia lanzada por el Estado Mayor Central, principal disidencia de las Farc que comanda alias Iván Mordisco, en la que anticipa que por cuenta de la suspensión del cese al fuego ordenado por el Gobierno en cuatro departamentos – Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo, por el asesinato de cuatro menores indígenas– se viene una suerte de “medidas preventivas inmediatas, inicialmente para las elecciones regionales” del 29 de octubre, bajo el argumento de que no pueden aceptar “rupturas parciales apresuradas”.

En un comunicado emitido por el grupo armado ilegal, amenazan a los partidos políticos, sectores militaristas, dirigentes políticos o congresistas que, según el EMC, “atizan la guerra” y que buscan desarrollar campañas electorales regionales en zonas sobre las que aseguran tener “control político militar”. El mensaje es claro y directo: “No son bienvenidos, serán devueltos de nuestros puntos de control”.

Es un mensaje a todas luces delirante de esta disidencia con la que el Gobierno, en su propósito de la llamada paz total, mantiene la intención de dialogar, pese a romper el cese el fuego en los cuatro territorios mencionados en el sur del país y de que el sanguinario grupo armado le dijo que el “rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros”.

Desde que comenzó el calendario electoral correspondiente a 2023 –el 29 de octubre de 2022–, se ha reportado, conforme a las cifras de la Misión de Observación Electoral con corte al 29 de marzo de este año, un aumento del 76,3 % en la violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en el país con respecto al calendario electoral de 2019, con 231 hechos registrados. Los líderes políticos concentran el 53,7 % de esos hechos violentos. Y la mayor amenaza se cierne sobre los departamentos de Cauca, Nariño, La Guajira y Santander, ponderando el número de hechos violentos y la gravedad de los mismos.

En lo que respecta a la región Caribe, los siete departamentos reportan hechos violentos contra los liderazgos políticos, sociales y comunales en este tercer informe preelectoral de la MOE. El ranking lo lidera Sucre, con 15 casos; seguido de La Guajira (12), Atlántico (8), Cesar (7), Bolívar y Magdalena, con 5 casos, y Córdoba (2).

Es un informe que enciende todas las alarmas y que demanda un trabajo institucional articulado, en cabeza del presidente de la república, para brindar plenas garantías a los electores y a los candidatos.

Lo que está en juego con esta amenaza de guerra es el valor más preciado del país: su democracia. El 29 de octubre más de 33 millones de colombianos esperan poder cumplir con el sagrado derecho de participar en las elecciones regionales para definir el rumbo de sus municipios y departamentos. Pero desde ya, los colombianos interesados en aportar a la construcción de soluciones y propuestas para los entes territoriales donde habitan tienen la responsabilidad y el derecho que les asiste de recoger firmas para la constitución de grupos significativos de ciudadanos y de visitar cada rincón para escuchar a sus potenciales electores y llevar así mismo sus iniciativas.

Es el legítimo derecho que consagra la Constitución Política de Colombia de elegir y ser elegido. Un derecho que al Estado no le puede quedar grande proteger.

La participación electoral en todo el territorio nacional debe procurarse. Desde 2007 el porcentaje de ciudadanos aptos para votar en las elecciones locales que acuden a las urnas ha venido en aumento y se ha sostenido en los últimos comicios –2007, 56,92 %; 2011, 57,09 %; 2015, 60,44 %; y 2019, con 60,7 %–. Así que Los ciudadanos tienen que sentir la seguridad de poder acudir a cumplir con su deber de participación democrática, para lo que las autoridades civiles y militares deberán emplearse a fondo y dimensionar un plan que salvaguarde la democracia.