Resulta que uno de los más escandalosos, sino el peor de los hacinamientos en un centro de detención transitoria o en un CAI en Colombia, está en Barranquilla. Puntualmente, en la Estación de Policía de San José, que recibe su nombre por el santo justo que con toda seguridad se volvería a morir si fuera testigo de semejante atropello contra la dignidad humana. 166 privados de la libertad malviven en ese reducido espacio con capacidad para solo 6 personas, por lo que el hacinamiento supera el 2.600 %. Igual situación, absolutamente inmoral, se registra en el CAI de La Victoria, donde en un área para 3 seres humanos se apiñan 62, sobrepoblación del 2.000 %. Otras infamias de similar naturaleza, denunciadas de forma categórica por la Defensoría del Pueblo, tras peregrinar las carceletas del Atlántico tienen lugar en las estaciones del barrio El Bosque y de los municipios de Soledad, Puerto Colombia, Malambo, Sabanalarga y Santo Tomás.

En cualquier caso, esta masiva vulneración de derechos, porque en ella convergen serios desperfectos en materia de salud, alimentación, acceso a la administración pública y de justicia, además de lo más evidente: el brutal hacinamiento, no es exclusiva del departamento. Este drama recurrente en los centros de detención transitoria, transformados para algunas personas en sitios de reclusión permanente, incluso durante años, forma parte de un estado de anormalidad convertido en paisaje en Colombia por la incapacidad e ineficiencia de los sucesivos gobiernos de turno y, directamente, de sus ministerios de Justicia, para cambiar la realidad de las cosas. Lo que pasa en la estación de San José, en Barranquilla, se replica en la de Usaquén, en Bogotá, donde el hacinamiento es de 1.000 %, en la Permanente, de Valledupar, que alcanza el 930 % o en las de Ibagué, donde la Procuraduría documentó un sobrecupo de 730 %.

Son ciudades distintas, cierto, pero la sensación de lenta agonía de quienes se pudren dentro de esas cuatro paredes es siempre la misma. En ocasiones se manifiesta en una pasmosa quietud estratégicamente ejecutada para no incomodar ni hacerse sentir: pisar a alguien puede salir muy caro. Otras veces se expresa en una desesperación que se estrella contra los barrotes de las precarias carceletas porque la vida, como el aire mismo, en esos claustrofóbicos espacios parece que se escapa. Queda claro que para esta población las horas se multiplican al infinito sin que nada cambie. En sus visitas, el Ministerio Público estableció que buena parte de los sindicados e incluso condenados permanece de uno a cinco meses y, en menor proporción, de seis a doce. Aunque, también identificó personas con más de un año, sin resolución de traslado.

Ahí tenemos un ejemplo de lo que no debe ser, pero que viene a confirmar la miserable vida de la hamaca sobre la hamaca en estos centros, como registró EL HERALDO. Tampoco es normal que, en casi todas las situaciones, los internos no cuenten con elementos técnicos, computadores o servicio de Internet, para que se conecten a sus audiencias, que los policías deban prestarles sus celulares para que lo hagan o que su familia les suministre la alimentación. Por donde se mire, los despropósitos son inenarrables. ¿Quién dijo que los uniformados, en vez de prestar seguridad en las calles, tengan que turnarse para acompañar al baño a las personas privadas de la libertad en sus estaciones? ¿En qué momento, los CAI pasaron a ser cárceles, desde donde también se estaría extorsionando, y los policías, guardianes del Inpec que deben custodiarlos?

Algo no está bien, todos lo sabemos, la falta de cupos en las verdaderas cárceles tiene que ser solventado cuanto antes. No es posible que aún no se habiliten las 500 plazas listas desde hace un año en la penitenciaria El Bosque, porque no termina de llegar su dotación. Eso no es serio: ministros Osuna y Velásquez, esperamos sus gestiones. Más allá de los insistentes llamados de la Defensoría del Pueblo para que autoridades nacionales y territoriales resuelvan este desastre y de las medidas disciplinarias de la Procuraduría por las omisiones de funcionarios públicos en la atención del problema, este un asunto al que no se le ve una salida fácil ni rápida. Uno más.