La incertidumbre por el futuro de Mi Casa Ya, uno de los pilares de la política de vivienda social en Colombia, es un asunto que no se puede desconocer. En un país donde 37 de cada 100 viviendas son informales y el 31 % de los hogares afronta déficit habitacional, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, de acuerdo con el Dane, el desembolso de subsidios para 250 mil hogares integrados por un millón de personas en los últimos siete años ha significado una oportunidad valiosa, además de imperdible por el alcance de los beneficios otorgados, que transformó sus vidas en todo sentido. Asegurar un techo digno era algo que resultaba impensable para buena parte de estas familias, muchas de ellas conformadas por parejas jóvenes que debido a sus reducidos ingresos o acceso insuficiente a créditos hipotecarios con cuotas asequibles no tenían más opción que resignar sus posibilidades de vivir en una vivienda propia.

La revolución social puesta en marcha por esta iniciativa no tiene precedentes. Bajo el liderazgo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que fijó los lineamientos de la política pública, se logró dinamizar de manera significativa la actividad edificadora de los constructores privados, incorporando además el respaldo del sistema financiero y de actores de un amplio tejido empresarial articulado desde Camacol, la asociación gremial que los representa. El resultado de este círculo virtuoso de esfuerzos alrededor de la construcción: por un lado, los beneficios de los subsidios y, por el otro, la disponibilidad de los créditos, genera hoy 1,6 millones de empleos directos y 2,7 millones de indirectos, lo que equivale a uno de cada cinco puestos de trabajo en el país. Mientras, la inversión anual en vivienda nueva representa cinco puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB). De hecho, entre septiembre de 2021 y 2022, se vendieron 251 mil viviendas en el territorio nacional y se iniciaron obras de otras 190 mil.

Señales positivas de un sector en expansión, pero en ningún caso la tarea está concluida. Estudios indican que se requeriría construir un promedio de 400 mil viviendas anuales para empezar a cerrar las insondables brechas habitacionales existentes, lo cual demandaría una cuantiosa inversión. Siendo honestos, este es un escenario inviable bajo las circunstancias vigentes de creciente estrechez económica en el que convergen factores como la trepada del dólar, el aumento en las tasas de interés de los bancos, la indoblegable inflación, la aún no resuelta crisis en la cadena de suministros que encareció materiales como el acero o el impacto de la inminente Reforma Tributaria. Pero también es cierto que el Gobierno tiene una responsabilidad enorme para conseguir recursos adicionales, lo suficientemente robustos, que permitan retomar en 2023 la entrega de subsidios a las familias que se quedaron en la fila. Proyecciones iniciales calculan que cubrir la demanda de 100 mil subsidios para el próximo año asciende a $2,2 billones.

Mantener el actual esquema de subsidios y beneficios para los distintos segmentos, ampliándolos a los grupos más vulnerables, extendiéndolos a zonas apartadas de la ruralidad o reforzando los mejoramientos son desafíos compartidos entre el Ministerio de Vivienda y los actores del sector, que deben remar juntos para que la oferta no se reduzca ni se desincentiven las compras. Priorizar el diálogo será clave para optimizar la focalización y flexibilización en la adjudicación de los subsidios. Qué mejor momento para fortalecer esta conversación en torno a la necesaria estabilidad de la política de vivienda social que el congreso de Camacol que se cumplirá hasta mañana en Barranquilla, y al que asisten más de 1.700 personas, el 33 % mujeres. A propósito, una de ellas, Sandra Forero, anfitriona y presidenta del gremio, luego de 16 años en la cámara colombiana de la construcción se retira. Con su empático liderazgo femenino trazó un camino que merece seguir recorriéndose por quien la suceda, poniendo en práctica las lecciones aprendidas y, sobre todo, encajando con espíritu crítico los ineludibles retos por delante.

El contexto se anticipa desafiante porque este sector, como muchos otros de la economía nacional, no está exento de riesgos. El Gobierno debe valorar los hechos con detenimiento para tomar las decisiones más pertinentes que cumplan con los objetivos señalados y aseguren las certezas demandadas por hogares y constructores.