Como hecho histórico catalogaron el presidente Gustavo Petro y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, el acuerdo alcanzado el pasado sábado para la compra de hasta tres millones de hectáreas que serán entregadas a campesinos, afros, mujeres e indígenas como parte del cumplimiento a una deuda con el acuerdo de paz y como un mecanismo que busque ponerle freno las invasiones ilegales de tierras.

Sin embargo, hasta ahora solo se conocen algunos aspectos de cómo será el negocio, pues no se tiene claridad de dónde saldrán los recursos para la adquisición de los predios y si en realidad todos los propietarios están dispuestos a venderlos bajo las condiciones que estipula lo negociado.

Pese a que la ministra de Agricultura, Cecilia López, ofreció detalles del acuerdo, del cual dijo “no es el final”, son varios los sectores que cuestionan el proceso y no lo ven como un negocio que se pueda materializar a corto plazo para arrancar con una reforma agraria y materializar la paz territorial, pues primero se deberá fijar un precio acorde con el mercado tomando en cuenta la fertilidad de las tierras, así como sus cercanías con las zonas urbanas y la facilidad de acceso a los predios.

Y es que lo acordado deja claro que la negociación solo se dará con terrenos que le puedan dar a las regiones un impulso productivo, luego de que los poseedores –algunos dedicados a la ganadería extensiva– decidan de manera voluntaria qué cantidad de sus tierras venderán, pues el negocio estipula que se propenderá porque la adquisición de tierras “se focalice en número de hectáreas” –aún no definidas por regiones– que facilite la ejecución de proyectos productivos a una en escala que ofrezca la mayor rentabilidad posible.

Esta tarea recaerá principalmente en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que establecerá los precios mínimos y máximos de cada una de las ofertas, y a este proceso se sumará el resultado del catastro multipropósito.

Otro aspecto cuestionado del acuerdo es que no se tiene certeza de quién vigilará que las personas beneficias materialicen la producción de las tierras para que no terminen vendiéndolas, por lo que la asistencia técnica a los campesinos deberá ser primordial para impedir que este escenario se ejecute, pues como aseguró el senador Iván Cepeda esta estrategia no solo debe reducirse a la entrega tierra, “sino garantizar las condiciones de productividad” sobre la reforma agraria.

A lo anterior se le suma otra compleja disyuntiva: solo se tiene un estimado de lo que puede llegar a costar este ambicioso paso. El cálculo de Presidencia contempla que por lo menos serían $45 billones –como mínimo– y $60 billones, como máximo; es decir, casi tres veces lo que valdría la reforma tributaria.

Para costear esta estrategia, desde el Gobierno apuntan a crear un método de ‘multipago’ para alimentar el fondo de tierras a campesino: bonos del Estado, recursos directos del presupuesto y el uso de los bienes incautados por procesos de extinción de dominio; no obstante, el camino que parece tomar la iniciativa sería el de la deuda pública.

Otro de los retos lo tiene la SAE, que deberá avanzar de manera apresurada en la depuración de su inventario de bienes para poder entregar en arriendo un estimado de 150 mil hectáreas. Según dijo la ministra López, en el país ya existe un registro de campesinos que deben recibir tierra por restitución, por baldíos o por compra.

Es clave la claridad que hizo el gobierno. Las negociaciones se deben abrir a otros sectores agroindustriales como, por ejemplo, el de la caña de azúcar, el cual ya hizo un ofrecimiento oficial de tierras en la frontera agrícola.

Para una compra de esta magnitud, conviene prevenir la creación de un mercado inflacionario sobre la tierra; por lo tanto, será fundamental para el Estado reestructurar la manera cómo se hacen y determinan los avalúos comerciales. Ante esto, habrá que revisar minuciosamente que dichas tierras no estén reportadas en el Registro Único de Propietarios de Territorios y Predios Abandonados (Rupta).