Con beneficio de inventario conviene recibir el acuerdo para reducir las tarifas de energía eléctrica, anunciado en las últimas horas en la Casa de Nariño. Indudablemente, el Pacto por la Justicia Tarifaria, logrado en tiempo récord bajo el liderazgo del Ministerio de Minas y Energía, que cogió el toro por los cuernos atendiendo el desesperado clamor de habitantes, autoridades y sectores productivos de la Costa –de lejos la región más maltratada del país por estos incrementos–, es una buena noticia. Sin embargo, también existen razones de sobra para que se mantengan serias reservas entre los millones de usuarios del Caribe, que han encadenado recurrentes frustraciones ante la imposibilidad de contar con un servicio de energía eléctrica a precios razonables que ofrezca garantía de calidad y continuidad. Una espera demasiado larga y onerosa.
Así que como seguro mató a confianza, siempre se hará necesario detenerse a leer la letra pequeña antes de echar voladores. O en este caso, lo más lógico será aguardar la llegada de la factura de noviembre, mes en el que las agremiaciones del sector pronostican las reducciones iniciales. La primera, de carácter general. En lo sucesivo, dependerán de las decisiones adoptadas por las distintas compañías del mercado y de las particularidades de cada región en las que operen. Habrá que ver entonces cómo transcurre, pero por lo pronto se reconocen avances frente al inmovilismo del anterior gobierno que había autorizado la actual opción tarifaria.
Como era su compromiso, la ministra Irene Vélez, luego de 23 maratónicas reuniones bilaterales con representantes de las empresas y sus gremios, congresistas, mandatarios locales y usuarios, confirmó el titular más esperado: la rebaja de las tarifas. El cómo, lo detalló la viceministra Janeth Ruiz, quien entregó los pormenores técnicos de las tres resoluciones emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), encargada de realizar el seguimiento riguroso de lo pactado, lo cual supone que no será intervenida de momento. Gana la institucionalidad; celebra Andesco.
En el menú de los acuerdos aparecen nuevas regulaciones tarifarias a determinar por las empresas, renegociación de los contratos bilaterales de carácter privado entre generadores y comercializadores y obligaciones diferidas de estos últimos con los demás componentes del mercado. También se contemplan fórmulas para mejorar la operación de las termoeléctricas y un tema clave que había sido solicitado con insistencia para ponerle freno a la desbocada alza de las tarifas: se va a crear un indicador propio para que los cargos de generación, distribución o transmisión dejen de estar indexados al IPP (índice de precios al productor), que por su actual ritmo de crecimiento ha jalonado el valor del servicio. Para empezar, todas son determinaciones sensatas en la dirección correcta. Pero sobre las pérdidas de energía, uno de los asuntos que más pesa en los incrementos en la Costa, no se hicieron anuncios ni temporales ni definitivos.
¿La razón? Apenas se está discutiendo. Hacemos votos para que el buen clima de diálogo y entendimiento reinante hasta ahora facilite consensos que favorezcan a los usuarios en relación con el espinoso tema de las elevadas pérdidas reconocidas por la Creg a Air-e y Afinia en su régimen especial. Sobra voluntad de las partes, lo cual se agradece, pero lo cierto es que no existe un estimado de la reducción real de las tarifas, con lo que las rebajas graduales dependerán de las negociaciones en curso, al igual que de las variables territoriales. Así que cantar victoria parece prematuro, por no decir ocurrente. Será que por estos lares interiorizamos la lección del escepticismo, o demasiados descalabros por el impacto empobrecedor de las desorbitadas tarifas de energía hacen que sigamos en pie de lucha hasta que la realidad nos demuestre lo contrario.
