Encontrar una solución a la crisis del alza de las tarifas de energía, el mayor quebradero de cabeza de los habitantes del Caribe y si me lo permiten, una preocupación cada vez más presente en los del resto del país, se convirtió esta semana en un asunto prioritario del Gobierno nacional. No nos queda más que celebrarlo. La realidad de unas facturas disparadas e impagables, no de ahora, sino desde hace meses, ha venido impactando de una forma desmesurada el bolsillo de familias, comercios, empresas e industrias de esta región, donde la inflación no sabe qué es tocar techo. Bienvenido el diálogo liderado por el Ministerio de Minas y Energía que con determinación se compromete a rebajar la tarifa. Bienvenidas las propuestas formuladas por los distintos actores de la cadena energética que por fin se han sumado a la discusión de salidas viables. Y bienvenidas también las medidas anunciadas por el presidente Petro, como la intervención de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Esperamos ver resultados lo antes posible. No es exagerado señalar que la desesperación está llegando al límite de lo absurdo.

Guardadas las proporciones los países de la Unión Europea atraviesan una crisis energética tan agónica o más que la nuestra. En pleno fragor de la invasión rusa a Ucrania, el chantaje de Vladimir Putin que ha venido cerrando poco a poco el grifo del gas, reduciendo a mínimos el suministro, ha desbocado los precios de los combustibles y, de paso, el del costo de vida. La preocupación por la difícil situación del mercado energético aumenta con el paso de los días debido a la cercanía de un invierno europeo que se anticipa más gélido que de costumbre, a oscuras y sometido a una insufrible carestía. A diferencia de lo que ocurre en la Costa o en toda Colombia, en esa parte del mundo, un órgano ejecutivo –la Comisión Europea- sale al rescate de los gobiernos nacionales en medio de la debacle que afrontan sus ciudadanos. ¿Qué más habríamos deseado en nuestro caso? Pues, esa instancia evalúa ahora opciones para evitar que siga encareciéndose la factura de la energía, limitando o poniendo topes al precio del gas, entre otras.

Son los mismos ministros de Energía de la Unión Europea los que reclaman al Ejecutivo comunitario una intervención de urgencia, eso sí, de carácter temporal en el mercado eléctrico. No es lo único. En medio de su crisis, también proponen introducir una “contribución de solidaridad” sobre compañías petroleras y gasísticas para “mitigar el impacto en los precios finales al consumidor”, sobre todo entre los más vulnerables, que allá también son considerables. Las directrices son bastante claras. Conscientes del riesgo inminente, sector público y privado asumen que tendrán que poner de su parte antes de que las ciudades europeas se queden en penumbra. El Gobierno de España, por ejemplo, rebajó el IVA del gas del 21 % al 5 %, aún a costa de una disminución importante de los ingresos de las finanzas del Estado.

Medidas excepcionales para momentos excepcionales. Como el que afrontamos actualmente en la Costa, donde las tarifas de energía han aumentado 46 %, entre octubre de 2020 y julio de 2022, según la Cámara Colombiana de la Energía. Reformar el mercado eléctrico, como muchos sectores demandan tomará tiempo. Transformar la matriz energética hacia las renovables, paso indispensable para descarbonizar la economía, también requiere gradualidad. Mientras tanto, se necesita poner en marcha medidas de choque con efecto inmediato para evitar que el escenario económico, tanto de los hogares como de las empresas, siga deteriorándose. En el Caribe hemos pagado, literalmente, un costo excesivamente elevado por un servicio público, sin compensación alguna ni tampoco sacrificios o renuncias de otros involucrados.

Es hora de que se abra un debate sensato sin oportunismo político ni populismo sobre el interés general, el de todos los usuarios, tan lacerado bajo esta coyuntura, que construya consenso social. Quienes cuestionan el anuncio del presidente Petro por considerarlo arbitrario, o ponen en tela de juicio las facultades del Ejecutivo para intervenir la Creg, están en todo su derecho de hacerlo. Pero, a lo que nadie debe renunciar es a exigir que en la Costa, como en el resto de Colombia, disfrutemos de un servicio público de energía eléctrica asequible y con calidad, un derecho fundamental que nos asiste por mandato constitucional. Mente abierta. Cuando el Gobierno no actúa, la ciudadanía lo invalida. Da la impresión de que muchos no quieren que nada cambie. Pero, no se puede seguir reaccionando de manera lenta e imperceptible a una crisis tan descomunal, como hasta ahora. No nos sigamos equivocando. Ni más ni menos.