Cinco de cada 10 trabajadores en Barranquilla y Soledad se encuentran en condición de informalidad. La tasa de 55,1 %, registrada en esta zona -medida aún de manera conjunta por el Dane- fue la novena más alta a nivel nacional, en el trimestre octubre-diciembre de 2021. Si bien es cierto que este es un indicador con tendencia a la baja, lo cual es positivo al compararlo con el del mismo periodo de 2020, que fue de 60 %, también salta a la vista que la reducción no se traduce necesariamente en significativas mejoras en las condiciones de vida ni en el bienestar de quienes están laborando hoy en sectores informales, como las ventas estacionarias, el mototaxismo o la comercialización de alimentos en el espacio público.

Si nos centramos en los hechos, indiscutibles por demás, la reactivación económica pospandemia logró que miles de personas se reengancharan al mercado laboral en el último año, pero no todos lo hicieron en términos de formalidad ni obteniendo los ingresos que percibían antes del inicio de la pandemia.

De los 862 mil ciudadanos laborando en Barranquilla, al cierre de 2021, 485 mil lo hacían en actividades informales. Población realmente importante que, pese a estar ocupada, no ha podido recuperar su capacidad adquisitiva perdida como consecuencia directa del impacto socioeconómico de la pandemia, bien sea porque perdieron sus empleos formales o porque al volver a ocuparse están ganando mucho menos que hace dos años. Una situación preocupante identificada por el Dane en buena parte del país, pero que ha sido mucho más evidente en Barranquilla y Soledad, donde la caída en el promedio del ingreso laboral llegó a -5,6 %, en 2021 frente al dato de 2019.

Dicho de otra manera, quienes en Barranquilla y Soledad, antes de la crisis sanitaria ganaban $1.025.000 mensuales, el año pasado apenas llegaron a $968.451. Esto sin tener en cuenta el ajuste de la inflación, que en la actualidad, y por distintas razones, está disparada, presionando al alza los precios de los alimentos, casi a diario. Solo en enero, la inflación en la ciudad se situó en 1,76 %, superando por 0,9 % el consolidado nacional, mientras que en el panorama anual la variación fue de 8,81 %. Inquietante, sin duda.

Con hogares más numerosos que en el resto del país, otra particularidad de Barranquilla y Soledad, la disminución en los ingresos laborales, sumada a una mayor carestía, continúa desencadenando estrés alimentario debido a la insalvable reducción del gasto en alimentos de las familias más vulnerables. Una realidad insalvable en el corto plazo. No es de extrañar entonces que la población ocupada en la informalidad, asfixiada por la creciente precariedad salarial que los ha llevado a ganar menos de un salario mínimo, tenga que reducir su ingesta de comidas, como reitera el más reciente Pulso Social del Dane, en el que el 64 % de los barranquilleros reconoce que no logra consumir las tres comidas diarias.

Recuperar empleo es esencial, pero cuando se trata principalmente de puestos de trabajo informales con ingresos por debajo del salario mínimo, las consecuencias en el conjunto de la economía no serán las mejores. Adoptar determinaciones clave orientadas a su corrección debe ser una responsabilidad del Gobierno nacional, así se encuentre de salida, y también tiene que ser una prioridad de quienes hoy aspiran a convertirse en el nuevo (a) jefe de Estado que, a juicio de las mayorías, siguen en mora de ofrecer propuestas viables para los colombianos, cada vez más pesimistas, sobre su futuro económico.

Las iniciativas de los sectores público y privado de Barranquilla, desde formalización laboral, creación de empresas, puesta en marcha de herramientas normativas hasta entrega de créditos y formación para el empleo, apuntan a gestionar un problema que no es nuevo y que, con seguridad, demandará en su resolución reformas profundas del mercado laboral para responder a las nuevas realidades. Por lo pronto, en el ámbito local tenemos que profundizar en la complejidad de este fenómeno para reconducir todos los esfuerzos hacia un mismo lado, incluido el necesario respaldo institucional, recursos adicionales de los privados y el aumento de la ayuda humanitaria, cuando haga falta. Todas las recetas deben ser consideradas para superar el estrés alimentario que continúan soportando los hogares más vulnerables del territorio conurbado. Nadie merece vivir con hambre.