El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, soltó como una bomba, totalmente inesperada, la noticia de la liquidación del convenio para la construcción del complejo carcelario en el municipio de Candelaria. Sí, inesperada, porque aunque la terminación –por mutuo acuerdo– del compromiso suscrito el 2 de octubre de 2020 entre la cartera de Justicia, el Inpec, la Unidad de Servicios Penitenciarios Carcelarios y Penitenciarios (Uspec), la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla se produjo el pasado 12 de noviembre de 2021, como acaba de revelar EL HERALDO, ninguna de la partes involucradas, hasta ahora, lo había comunicado.

¿Qué estarían esperando, acaso una salida de último momento que permitiera encarrilar la puesta en marcha de un proyecto que, a ciencia cierta, no llegó a materializarse? Difícil creerlo así, porque la suspensión del pacto en cuestión tiene origen en un punto, por lo pronto, insalvable: plata, mucha plata. En el acta de la liquidación se indica que ni la Gobernación del Atlántico ni el Distrito efectuaron el oportuno desembolso de los recursos comprometidos –cerca de $81 mil millones– para iniciar la ejecución del convenio, debido a que no lograron la aprobación de vigencias futuras para ese fin, antes del plazo establecido, que era el 11 de noviembre de 2021.

En vista de lo anterior, la Uspec, que debía aportar otros $72 mil millones para el diseño y construcción de la megacárcel, no tuvo opción distinta a finalizar el convenio. Pese a la voluntad política de las autoridades del Atlántico para resolver la compleja problemática de hacinamiento –superior al 60 %– registrada en los centros de reclusión del departamento, parece lógico que sin recursos garantizados no era viable seguir adelante con la construcción de la megacárcel, prevista en las 40 hectáreas del predio El Tiestal, en Candelaria, donde la ciudadanía reclama su devolución, lo cual está aún por determinarse.

Siendo realistas, la iniciativa que en 2019 confirmaron el entonces gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y la ministra de Justicia, Margarita Cabello, ha estado envuelta en controversias, protestas y enorme inconformidad. Sobre todo entre la comunidad de Candelaria que, con vehemencia, se ha opuesto a su desarrollo. En su fase inicial, la nueva cárcel se presentó como una colonia agrícola que permitiría a los campesinos y habitantes del municipio ampliar mercados e impulsar su economía con nuevos empleos. Pero ni así logró generar interés ni consensos sobre su utilidad o conveniencia. Claras debilidades en la socialización del proyecto lo sentenciaron a la desaprobación general, casi desde el principio, pese a su trascendencia. Un desacierto del que se debe obtener una valiosa lección.

Atlántico necesita más cupos carcelarios. Eso no se debe poner en duda. La construcción de un nuevo centro de reclusión, lo suficientemente espacioso, para deshacinar las cárceles del departamento y evitar los graves problemas de salud o de violencia, entre muchos otros, que vulneran los derechos fundamentales, tanto de sindicados como condenados, es un asunto de interés prioritario. En marzo, se pondrán en funcionamiento 510 nuevos cupos en la penitenciaría El Bosque en tres pabellones modulares, en los que se han invertido más de $21 mil millones. También el Distrito habilitará un centro de reclusión transitoria. Importantes contribuciones, pero aún insuficientes para superar la profunda crisis carcelaria.

Veremos si, con el paso de los días en el tramo final del Gobierno Duque, se logra reactivar el convenio con las entidades aportantes para concretar el proyecto que contempla cinco mil nuevos cupos. Ciertamente, se necesitan. Administrar justicia penal y combatir la delincuencia requiere sumar esfuerzos de distintos niveles, del orden local y nacional, para superar los problemas de un sector aquejado por serias dificultades, también relacionadas con política criminal, que recrudecen el hacinamiento. Los hechos demuestran que toca ocuparse de todos, estableciendo eso sí prioridades y actuando de manera razonable en la búsqueda de soluciones, sin caer en cansinos señalamientos por responsabilidades respecto a quién le corresponde o no encargarse de los sindicados o procesados.