Por primera vez en su historia, Colombia cuenta con una Ley de Acción Climática. Una imprescindible hoja de ruta para encarar la descomunal amenaza del calentamiento del planeta que atraviesa, como nunca antes, una emergencia ambiental que pone en riesgo la supervivencia de los habitantes de los territorios más vulnerables, como el nuestro. Los cada vez más catastróficos efectos del cambio climático: desde sequías hasta incendios forestales, pasando por lluvias torrenciales o el incremento del nivel del mar, que en particular afectan a la región Caribe, reiteran la validez de este instrumento aprobado en el Congreso de la República y recién sancionado por el presidente Iván Duque en la Sierra Nevada de Santa Marta.
La legislación tiene su origen en el propósito innegociable de proteger el planeta, al que se comprometió la comunidad internacional en el histórico Acuerdo del Clima de París, en 2015. Pese a las trágicas consecuencias derivadas de la actual situación, expuesta de manera alarmante, pero certera en el más reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), la falta de voluntad política de las grandes potencias globales sumada a la defensa de sus intereses económicos ha impedido que se den avances significativos para contener esta devastadora crisis. Como ocurrió en Glasgow, Escocia, los llamados a la acción se quedan en una mera declaración de intenciones.
La ley prevé una serie de acciones para llegar al 2030 con cero deforestación y el 30 % de las áreas marinas y terrestres del país protegidas, asegurando la restauración ecológica de al menos un millón de hectáreas, la circulación de 600 mil vehículos eléctricos y la reutilización del 10 % de las aguas residuales domésticas. Adicionalmente, se incorporará la educación ambiental en los distintos niveles formativos, desde el preescolar hasta la educación superior, lo cual es indispensable para construir una verdadera cultura verde en las nuevas generaciones, tanto a nivel individual como colectivo.
Pasos significativos en la dirección correcta para consolidar la resiliencia climática y la transición energética, de cara al objetivo final que es el de alcanzar la carbono neutralidad en 2050. Apuesta ambiciosa, pero sobre todo exigente que demandará profundas intervenciones de los sectores público y privado, la academia, actores sociales, políticos, económicos y los ciudadanos llamados a asumir el reto de modificar hábitos o comportamientos excesivamente consumistas para reducir su impacto ambiental.
Otro aspecto positivo de la nueva normativa que reafirma su alcance en todos los niveles del Estado, es que 8 ministerios, bajo la batuta del de Ambiente y Desarrollo Sostenible –en cabeza del monteriano Carlos Correa-, se encargarán de poner en marcha las medidas para su implementación. Se requerirá una articulación realmente robusta, a partir de marcos institucionales que suman a las altas Cortes y a los entes de control, para establecer planes que permitan avanzar hacia las metas. Un ejercicio pragmático al mejor estilo de ‘todos ponen’ para que los beneficios en el corto, mediano y largo plazo sean posibles.
Está claro que un esfuerzo tan importante como este demanda recursos considerables. Sin ellos, no será rápido ni fácil convertir los postulados de la ley, considerada la ‘constitución ambiental de Colombia’, en hechos tangibles. En este sentido, el ministro Correa indica que USD400 millones de cooperación internacional, gestionados a lo largo de este año, apalancarán el objetivo de acabar con la deforestación, mientras se cierran brechas de pobreza en territorios donde se pagarán por servicios ambientales.
Concretar las estrategias hacia la carbono neutralidad e iniciar su desarrollo resulta fundamental en el tramo final de la presidencia de Iván Duque que priorizó, con total acierto, este tema. Aunque los compromisos pactados, “trasciendan gobiernos” y se esperaría que su progreso no sea entorpecido por oposiciones partidistas, no hay certeza de la voluntad política de los próximos gobernantes para impulsarlos. Por si acaso, la presión social siempre será un recurso, como debe también serlo para que el proyecto de ley sobre el Acuerdo de Escazú, a instancias del Ejecutivo, sea ratificado por el Congreso.
Se requerirá una articulación realmente robusta, a partir de marcos institucionales que suman a las altas Cortes y a los entes de control, para establecer planes que permitan avanzar hacia las metas. Un ejercicio pragmático al mejor estilo de ‘todos ponen’ para que los beneficios en el corto, mediano y largo plazo sean posibles.
