Fortalecer el Estado de derecho, como la fórmula más acertada para asegurar la paz y la convivencia en democracia y libertad, es el principio que inspira la labor de los miles de asistentes al Congreso Bienal de la Asociación Mundial de Juristas, reunidos desde hoy en Barranquilla. ¡Bienvenidos todos a la Puerta de Oro de Colombia, siéntanse como en su casa!

Sus más de 50 debates jurídicos planteados alrededor de la pandemia, la digitalización de la justicia o el Estado de derecho, tan necesarios como oportunos, resultado además de un intenso trabajo interdisciplinario construido durante meses a ambos lados del Atlántico, podrán ofrecer certeras orientaciones que, a manera de insumos, contribuirán a seguir impulsando el desarrollo democrático de las naciones frente a sus cada vez más frecuentes crisis de legitimidad.

Más allá de los profundos análisis de los que se ocuparán juristas, líderes políticos, representantes de empresas e instituciones, a lo largo de las jornadas a celebrarse hasta mañana en el Centro de Eventos Puerta de Oro, las temáticas puestas sobre la mesa, como los derechos humanos y el acceso a la salud, la migraciones, la libertad de expresión o los futuros de la educación superior, son desafíos transversales que inquietan tanto a los gobernantes, como al mundo jurídico y a la sociedad en general, porque impactan el día a día de las personas. Ciertamente, la defensa de la cultura de la legalidad nos compete a todos al ser requisito indispensable para demandar acceso oportuno a la justicia y respeto por nuestros derechos.

La entrega del World Peace & Liberty Award, considerado el Nobel del Derecho, un reconocimiento que por primera vez se concede a un país, en vez de a una personalidad, destaca el “soporte continuo de la sociedad colombiana a la democracia y a la paz”. Sin desconocer los muchos retos pendientes, surgidos de los fortísimos embates de la violencia o el narcotráfico, entre otros históricos flagelos que han desestabilizado e incluso han hecho tambalear a las instituciones, el galardón destaca a Colombia –en el escenario internacional– como un verdadero Estado Social de Derecho con separación de poderes, participación democrática y goce efectivo de derechos ciudadanos.

No cabe duda que este premio rinde merecido homenaje al pueblo colombiano que ha hecho de la necesidad virtud. Su admirable fortaleza para sobreponerse a hechos tan repudiables como el Holocausto del Palacio de Justicia, que dejó una estela de dolor por el enorme daño causado a las víctimas, a sus familias, a la rama judicial y a toda la nación, sustentó la fundación de nuestro nuevo orden constitucional consignado en la Carta Magna de 1991, destacada de igual manera por el galardón en su trigésimo aniversario. Sus avances más notables como la tutela, no solo materializaron la vigencia de un Estado social y democrático de Derecho, también acercaron la justicia a los ciudadanos para resolver sus problemas más acuciantes.

Nadie puede negar las debilidades detectadas en el sistema de instituciones, normas, leyes y actores que soporta la gobernanza del Estado. Por esa razón, el espaldarazo de la comunidad jurídica internacional al otorgar este premio conlleva también una oportunidad para subsanar errores ratificando el pleno cumplimiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía. No somos una democracia perfecta, pero sí lo suficientemente sólida para que se garantice un orden político, económico y social justo para todos, como contempló la Constitución de Cúcuta que conmemora 200 años.

Es positivo que Barranquilla sea epicentro del debate jurídico mundial. No solo por el innegable nivel de las personalidades participantes, sino por el valor de las discusiones que pondrán sobre la mesa perturbadoras situaciones que en plena pandemia han obstaculizado el Estado de derecho en el mundo. Las conclusiones de los debates serán parte de la Declaración de Barranquilla, el documento final del congreso, que también honrará a los mártires de la justicia colombiana, así como el esfuerzo y sacrificio de todo un país que, pese a tantas adversidades, apuesta cada día por mantenerse bajo el amparo de su Constitución política.