Como un baldado de agua fría cayó el anuncio de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, sobre la instalación de 18 nuevos peajes, de aquí a 2023, para financiar los proyectos de vías de cuarta generación en el país. A primera vista, pensando en términos económicos, se da como un hecho que los cobros por venir impactarán el bolsillo de la gran mayoría de usuarios de las carreteras: transportadores, viajeros y turistas, debido al aumento en los costos logísticos de los desplazamientos. Pero, también es oportuno considerar que un asunto tan sensible como este requiere un debate más racional para considerar el fondo de la inacabable controversia.
El modelo de los contratos de concesión con peajes, estructurado para cubrir los costos de inversión y mantenimiento de las vías con el propósito de hacerlas más competitivas, es sinónimo de agravio en Colombia. Históricamente, el montaje de las casetas ha estado acompañado de episodios de enorme malestar social, en especial entre los residentes de poblaciones rurales afectadas por el pago de la tarifa, muchos de los cuales han desencadenado en delicadas situaciones de desorden público. No es de extrañar. Pese a la socialización con las comunidades, escenario imperativo en el abordaje de estas iniciativas, no siempre se logran acuerdos entre las partes, lo que incrementa la insatisfacción ciudadana.
La desproporcionalidad en los cobros, en relación con el monto y la frecuencia del pago, se convierte, sin duda, en uno de los detonantes del descontento popular alrededor de los peajes. En el país, según datos oficiales hay cerca de 170 estaciones, algunas a una distancia inferior a los 100 kilómetros entre ellas. Si se concreta la instalación de la caseta prevista entre Arroyo de Piedra (Luruaco) y Molinero (Sabanalarga), como parte del proyecto Ruta Caribe 2, esta quedaría a menos de 50 kilómetros del actual peaje Galapa-Baranoa, sobre La Cordialidad. Es razonable el porqué del unánime rechazo entre habitantes de la franja oriental, autoridades y congresistas del Atlántico, departamento de reducida extensión donde operan seis peajes. Además, el proyecto, a pesar de los insistentes llamados de la comunidad, no ha sido socializado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) como se debiera.
Si bien es cierto que los peajes, como señala la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), son la “columna vertebral financiera” de las grandes obras viales del país, no se pueden seguir desestimando las desigualdades socioeconómicas y territoriales que generan, sobre todo en los duros tiempos que corren en la actualidad. Encontrar opciones equitativas y eficientes debe ser el reto del sector público y privado respecto a cómo financiar la ejecución y mantenimiento de la infraestructura vial nacional. Quienes proponen el fin de las concesiones e incluso de los peajes a cargo de Invías, tendrían que argumentar de manera realista sus propuestas indicando de dónde saldrían los fondos requeridos para la gestión integral de las carreteras, incluido el componente ambiental.
Ahora, sin peajes ¿Quién debe pagar por las carreteras: todos los ciudadanos con sus impuestos o quiénes las usen para sus recorridos? ¿Los gobiernos locales asumirán su manejo o quedará en manos del Gobierno nacional? No se trata solo de retirar las barreras sin considerar su impacto. Se necesita avanzar hacia soluciones que aseguren equilibrio entre el imprescindible desarrollo vial, garantía de progreso económico, empleo y bienestar social en las regiones, pero sin lesionar los intereses de sus habitantes. Evitar cualquier abuso es fundamental.
La ministra Orozco defiende que un 83 % de las actuales concesiones ofrecen peajes con tarifas diferenciales, entre ellos los de Papiros, Juan Mina y Galapa 2, en el Atlántico que redujeron hasta en un 67 % su valor hace dos semanas. Veedores ciudadanos estiman que no es suficiente. La propia funcionaria reclama profundizar en el estudio de insumos técnicos para incorporar “mejores prácticas” a la instalación de peajes. Es esencial. Del mismo modo, debe seguirse de cerca el trámite en el Legislativo de un proyecto de ley que busca una regulación mínima del modelo bajo criterios de racionalidad. Mientras el Estado afronte, como siempre ha ocurrido, serias limitaciones fiscales, los peajes serán necesarios. También lo será redefinir la política pública que contempla su instalación. Es de esperar que no demoren mucho más en concretar cómo hacerlo realidad.
