A todos nos deben preocupar los graves hechos delictivos callejeros que se están cometiendo con armas traumáticas o de fogueo en el Atlántico. En menos de 48 horas, dos personas, entre ellas una policía, resultaron heridas, en Soledad y Barranquilla, en episodios violentos en los que se emplearon armas de este tipo, consideradas –erróneamente- de letalidad reducida. Se equivoca quien defienda, con o sin intencionalidad, la naturaleza aparentemente inofensiva de estas armas que, para ir aclarando, también utilizan pólvora como mecanismo para activar la salida del proyectil. La única diferencia radica en que este, en vez de metal, está recubierto de madera, goma, plástico u otros materiales que, de igual manera, podrían causar daños que van desde desgarros o fracturas, hasta lesiones potencialmente mortales, pasando por conmoción cerebral y hemorragias internas, dependiendo de la distancia a la que dispare y la parte del cuerpo contra la que se dirija. Dicho de otra forma, las armas traumáticas no son juguetes –todas tienen un grado de letalidad- y cuanto antes el Gobierno nacional, en particular el Ministerio de Defensa, debe avanzar en su regulación para que se deje de minimizar su impacto en la inseguridad.

En la actualidad, la tenencia y porte de armas traumáticas no es un delito. Apenas, una contravención en el Código Nacional de Policía si se utilizan irregularmente o si con ellas se incurre en un comportamiento contrario a la convivencia en el espacio público. Adicionalmente, su venta es libre, al igual que su uso en eventos deportivos o recreativos. Hasta ahí, nada parecería ser motivo de alarma. Sin embargo, la realidad es distinta. La delincuencia aprovecha la ausencia de regulación para acceder con facilidad a pistolas y revólveres que pueden comprar en comercios y que, además, no necesitan permiso ni salvoconducto para ser portados. Bajo estas circunstancias se configura el escenario ideal para atracar, extorsionar y cometer actos vandálicos y delictivos. El Gobierno nacional, sobre el que recae directamente la responsabilidad de velar por el principio del uso legal y legítimo de la fuerza que ostenta el Estado, se durmió con este asunto que, desde hace meses, le estalló en las manos a las autoridades locales.

En el caso de las víctimas, puede decirse que, difícilmente, un ciudadano - paralizado por el miedo al ser amenazado con un arma y mientras es despojado de sus pertenencias en cuestión de segundos- logra diferenciar o reconocer si es convencional o de fogueo. ¿Quién se resiste ante semejante salvajada? Por si fuera poco el peligro que representa, en sí mismo, el tráfico de armas traumáticas en las calles, se ha comprobado cómo los delincuentes las modifican para convertirlas en armas de fuego hechizas, riesgo aún mayor para las personas a merced de los delincuentes. Ahora bien, adquirirlas como una forma de asegurar protección, frente al accionar criminal, es un error que se puede pagar caro. Quienes las usen, cuando se presente la ocasión, no solo se exponen a recibir la respuesta de un arma letal, sino que además tendrían que enfrentar eventuales responsabilidades legales por las lesiones personales que causen.

Sin duda en buena parte de los atracos, ataques sicariales e incluso riñas registrados en Barranquilla y su área metropolitana, en 2021, se han empleado armas traumáticas. Este año, la Policía ha incautado 164, 29 de ellas en atracos en flagrancia. Hace menos de un mes, 56 armas de fogueo fueron robadas de un almacén. ¿Dónde están? Las autoridades no han indicado nada más acerca de este caso.

Es hora de que se acelere la expedición del decreto para regular las armas traumáticas que hoy está en manos del Ministerio de Defensa. El texto establece, con claridad, que estos artefactos “son armas de fuego y deben tener las mismas restricciones”, con lo que el Ejecutivo buscará un desarme general para fortalecer el monopolio de las armas en cabeza del Estado. Si alguien requiere tener una, deberá solicitar permiso de autoridad competente, so pena de incurrir en prisión de 9 a 12 años. Se trata de una decisión en el sentido correcto sustentada en el principio de protección de la vida, a aplicarse para todo tipo de armas. En Colombia, donde operan tenebrosos mercados ilegales de armas, se demandan normas fuertes sobre su comercialización, tenencia y porte, pero sobre todo estrategias proactivas de incautación. Armarse hasta los dientes tampoco es solución. En materia de seguridad, siempre será más sano prevenir que lamentar.