El aislamiento por la pandemia disparó la violencia contra personas LGBT en el país. La organización Colombia Diversa reportó, al menos, 1.060 casos de lesbianas, gay, bisexuales y trans víctimas de amenazas, homicidios y violencia policial durante 2020, el año con el mayor número de hechos de este tipo del que se tenga registro. La sociedad no puede ignorar esta gravísima contaminación de odio, intolerancia, discriminación y prejuicios que favorece la comisión de delitos basados en orientación sexual e identidad de género. Ningún ser humano debe ser atacado, sancionado o estigmatizado a causa de este motivo, por lo que garantizar la igualdad y la seguridad de la población LGBT no puede ser labor exclusiva de las entidades estatales o gubernamentales, también es un imperativo ético y moral de todos los ciudadanos.

Uno de los ataques homofóbicos más salvajes de 2020 tuvo lugar en Sincelejo. Luis Fernando, un adolescente de 17 años, sufrió la amputación de buena parte de su antebrazo izquierdo a manos de un vecino, también menor de edad, que le propinó un machetazo. El agresor, cobijado actualmente con detención domiciliaria, sometía a su víctima a constantes burlas por su orientación sexual. Superar una situación tan traumática, perdonar y reconocer lo que le sucedió, hace justo un año, no ha sido aún posible para este joven que dejó de recibir apoyo psicosocial. Su decisión, motivada por razones que solo él conoce, ha dilatado el proceso para que se le implante una prótesis. La fragilidad de Luis Fernando es evidente. Su caso reclama justicia y, sobre todo, la víctima merece una atención con enfoque diferencial ante sus evidentes vulnerabilidades, como admite su propia madre, Oneida Campuzano, y la Fundación Sucre Diversa que lo ha acompañado durante los últimos 12 meses.

La proliferación de los discursos de odio contra personas LGBT incita a la violencia. Actuar a tiempo, y de manera preventiva, frente a comportamientos hostiles y discriminatorios demostrativos de una elevada deshumanización es apremiante para evitar ataques u otras formas de violencia que pongan en riesgo su integridad física y moral. Desalentar la intolerancia y promover un clima de convivencia sustentado en el respeto y reconocimiento pleno de sus derechos y en el ejercicio de sus libertades individuales y colectivas constituyen mínimos estándares que ninguna sociedad democrática e igualitaria debería eludir. Colombia no se debe apartar de este camino que está bastante bien definido.

Conocer a fondo y en detalle cuáles son los patrones de violencia contra las personas LGBT es fundamental para contrarrestar sesgos, estereotipos y prejuicios alrededor de la orientación sexual e identidad de género, y resulta esencial cuando se trata de dictar medidas efectivas de prevención o protección. Pese a que venía sucediendo en años anteriores, el pasado –tal vez por razones vinculadas al impacto de la pandemia- las autoridades no facilitaron información suficiente que permitiera profundizar en los casos, establecer el avance de las investigaciones y determinar el nivel de impunidad alrededor de las mismas. Por el contrario, “aumentaron los obstáculos para el acceso a la justicia en la recepción de las denuncias y las barreras institucionales ligadas a la ausencia de sensibilidad y empatía que deben prevalecer en las autoridades encargadas de atender a esta población”, indicó la propia Defensoría del Pueblo. Identificar los errores para corregirlos con prontitud es clave, y así el Estado y sus instituciones lo deben entender, para que no se generen retrocesos en la incesante lucha por la inclusión.

Promover la aceptación de la diversidad exige acciones compartidas y constantes. También de los medios de comunicación que con frecuencia caemos en inaceptables estereotipos. La tolerancia, el respeto y la responsabilidad son pilares esenciales para derrotar el discurso de odio que de manera incendiaria muchos alientan buscando su propio beneficio. Cuidado, la vida de muchos está en juego.