El lunes 19 de abril de 1993, el periodista Carlos Lajud Catalán fue asesinado a las 7:15 de la mañana, en la esquina de la calle 74 con carrera 47 de Barranquilla, cuando se dirigía a Emisoras ABC a transmitir su programa ‘Actualidad Deportiva’. 27 años después, este crimen, que estremeció a todo el país, sigue en la más absoluta impunidad.
Lajud, con su manera crítica de expresarse y sobre todo con el contenido de sus denuncias, incomodaba a las elites del poder, al cuestionar ferozmente las actuaciones de los funcionarios públicos. Desde su tribuna radial acuñó la frase “el papelito habla”, para advertir acerca de graves hechos de corrupción e intolerables vínculos de sectores políticos con negocios ilícitos. A pesar de saberse perseguido y amenazado, nunca le tembló la voz para desafiar a quienes pretendían callarlo. "Vengan por mí, no tengo miedo", repetía a diario en los micrófonos de la emisora, mientras revelaba la perversa connivencia entre la politiquería y el clientelismo reinantes en la ciudad.
El día de su asesinato iba a contar nombres de políticos locales vinculados a cobros ilegales en un millonario proyecto de telefonía. Sospechosamente los documentos – que lo demostrarían y llevaba consigo – fueron retirados de la escena del crimen por los pistoleros que lo balearon. Este crimen, ordenado presuntamente por influyentes personajes de la clase dirigente de Barranquilla, sentó un devastador precedente contra la libertad de prensa en la Región Caribe.
Lo que vino después fue aún más infame: la ley del silencio. La viuda e hijos del periodista fueron amenazados de muerte, al reclamar justicia. Tras una investigación “superficial y demasiado rápida”, según varias fuentes, tres capturados fueron condenados a 40 años de prisión y absueltos en segunda instancia en 1996 por falta de pruebas. En 2002, Alfredo de Jesús Liévano, presunto autor material del asesinato, también fue absuelto, y el investigado exalcalde de Barranquilla, Bernardo Hoyos, supuesto autor intelectual, exonerado por la justicia. En 2003, 20 años después, el crimen de Carlos Lajud Catalán prescribió.
Desde 1997, en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA reposa una denuncia de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que responsabiliza al Estado colombiano al considerar que violentó el derecho a la vida, las garantías judiciales, la protección judicial y la libertad de expresión.
Este emblemático caso es uno de los que la SIP abraza como símbolo de lucha contra la impunidad que rodea a la mayoría de los crímenes contra periodistas y su falta de justicia que incentiva más violencia, censura y autocensura. Lápices Inmortales, la campaña que la SIP lanza hoy y a la que se suma EL HERALDO, busca crear conciencia frente a los más de 500 crímenes contra periodistas cometidos en los últimos 20 años en las Américas.
Gracias a la donación de sus pertenencias, hecha por las familias de Carlos Lajud y de la guatemalteca Irma Flaquer, desaparecida en 1980, y el mexicano Alfredo Jiménez Mota, desaparecido en 2005, el grafito de los lápices que simbolizan la iniciativa contiene su ADN. Un mensaje fuerte y solemne para homenajear el carácter combativo de estos valientes, asesinados por informar la verdad, para que nadie olvide que “las voces pueden ser silenciadas, pero la libertad es a prueba de balas”.
