Salida en falso del recién posesionado ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus, asistió al partido de la Selección Colombia el pasado 9 de octubre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, tras recibir una invitación de la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, y la Conmebol. Lo hizo acompañado por sus dos hijos jugadores en las categorías Sub-20 y Sub-17 del Unión Magdalena y La Equidad, según reconoció, luego de la avalancha de críticas por su presencia en la tribuna.
Desconcierta esta conducta irreflexiva de quien está en la obligación de dar ejemplo como garante del cumplimiento de las normas que todos los colombianos –sin excepción– deben acatar en medio de la actual crisis de salud pública, tal y como promueven a diario su colega, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y su jefe, el presidente Iván Duque.
¿Con qué cara, señor Ruiz le exige a un ciudadano de a pie que guarde las restricciones ordenadas por las autoridades para preservar su bienestar si usted, en su condición de funcionario público –todo un ministro de Estado– no lo hizo? Queda un sinsabor frente a lo sucedido y con absoluta razón la opinión pública se expresa hoy indignada.
Pero el asunto es aún más complejo porque el ministro de Justicia, antes de llegar a este cargo, fue elegido para integrar la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol, entidad llamada a investigar a las directivas por la reventa de boletas para las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Un controversial caso que está en manos del Ministerio del Deporte, la Fiscalía y el Departamento de Justicia de Estados Unidos y por el que la Superintendencia de Industria y Comercio acaba de ratificar una multa por $18 mil millones contra los ‘zares’ del fútbol colombiano y particulares partícipes en este entramado que facilitó la desviación de las entradas para ser comercializadas a precios muy superiores de los establecidos.
El ministro de Justicia y miembro de la Comisión Disciplinaria no encontró incompatibilidades ni inhabilidades para ejercer los dos cargos de manera simultánea, a pesar de que su compañero de gabinete, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, le pidió –hace días– que se declarara impedido para conocer el caso de la reventa de boletas. Lucena estimaba, y con evidentes motivos, que podría surgir un conflicto de intereses si un representante del Gobierno nacional terminaba asumiendo un asunto privado como el escándalo de la reventa.
Apenas ahora cuando se desata esta tormenta que pudo conjurarse con un simple ‘no, gracias’, el ministro Ruiz –el investigador invitado por los investigados– decide dar un paso al costado y renunciar a la comisión alegando sujeción a los “valores éticos y a la transparencia”. Además, ofreció disculpas a quienes se sintieron ofendidos o lo interpretaron “como un privilegio”.
En medio de una pandemia sin precedentes, en un estadio en el que no se habilitaron tribunas para el público debido a la actual emergencia sanitaria, y al que solo debían acudir las personas indispensables para su funcionamiento; sin duda es una prerrogativa asistir a un partido jugado a puerta cerrada.
Como sucede cada vez que el combinado nacional disputa un partido de eliminatoria en Barranquilla, la Fedefútbol ejerció como la máxima autoridad en el ‘Metro’ avalando, mediante acreditación, el ingreso de las delegaciones de los equipos, de sus propios miembros e invitados y de representantes de los patrocinadores. A pesar de las explicaciones, ¿era estrictamente necesaria la presencia de esas personas? Persisten las dudas acerca de su proceder en esta coyuntura en la que la sensatez es más necesaria que nunca.
