Sin sincero arrepentimiento, el perdón es vacío. Dirigentes de la desmovilizada guerrilla de las Farc, hoy reconvertida en el partido de la rosa, pidieron “perdón” a quienes sometieron a la infamia del secuestro y a sus familias reconociendo la gravedad de este delito atroz, un crimen de lesa humanidad que cometieron una y otra vez durante los últimos 50 años.

Entre los firmantes de la misiva, el último jefe de la exguerrilla, Rodrigo Londoño, además del senador Julián Gallo y varios de los negociadores del Acuerdo de Paz, como Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Milton de Jesús Toncel, entre otros.

Dicen que luego de una reflexión profunda, en “el sosiego de la vida civil”, entendieron el dolor causado a quienes “vivieron un infierno esperando tener noticias de sus seres queridos, imaginando si estarían sanos y en qué condiciones estarían siendo sometidos a seguir la vida". Admiten que el secuestro fue un “gravísimo error” del que hoy no pueden sino arrepentirse y aceptan que éste “sólo dejó una profunda herida en el alma de los afectados” y, de paso, hirió de muerte su legitimidad.

Cuánto sufrimiento acumuló este país por cuenta de la ignominia del secuestro, que hace 20 años estos mismos comandantes de las Farc justificaban como ‘retenciones’ por razones políticas o económicas para financiar lo que consideraban la “confrontación del pueblo para enfrentar la agresión oficial del Estado, el imperialismo yanqui y las transnacionales”.

La tristemente célebre Ley 002, o “impuesto para la paz” cobrado a “personas naturales o jurídicas, cuyo patrimonio fuera superior al millón de dólares”, aprobado por el Pleno del Estado Mayor Central de las Farc en marzo del año 2000, siguió llenando de secuestrados los campamentos guerrilleros. Estos inhóspitos enclaves, ubicados en el corazón de las selvas colombianas, estaban ya repletos de uniformados plagiados a partir de 1996 en feroces incursiones armadas a instalaciones militares y estaciones de policía en zonas distantes del territorio nacional. Duros golpes que desangraron a Colombia dejando centenares de víctimas entre civiles y miembros de la Fuerza Pública.

Esta estrategia de las Farc diseñada y ejecutada para presionar intercambios o ‘canjes humanitarios’ de uniformados secuestrados por sus ‘presos políticos’ detenidos en las cárceles del país permitió la liberación de centenares de policías y militares que permanecían en condiciones inhumanas pudriéndose en campos de concentración construidos por las Farc. Muchos de estos secuestrados fueron asesinados por la misma guerrilla cuando buscaban escapar o en operativos de rescate, mientras que en otros casos debieron esperar hasta 14 años para volver a ser libres.

También decenas de políticos fueron secuestrados por las Farc como una forma de presión al Gobierno de turno. Luego de años de permanecer encadenados a los árboles, y de ser sometidos a todo tipo de aberrantes vejámenes, estos ciudadanos se reencontraron con sus familias. Bueno no todos, a 11 diputados del Valle del Cauca los asesinaron 5 años después de haberlos secuestrado.

A quienes sobrevivieron a esta tortura hoy las Farc les piden perdón. También, a la familia del niño Andrés Felipe Pérez, quien murió en 2001, víctima de un cáncer, sin poder ver a su padre, el cabo de la Policía José Norberto Pérez, quien estaba secuestrado. Meses después la guerrilla mató al uniformado cuando intentó fugarse de su ‘cárcel’ en la selva.

Evoco con inmensa pena las indescriptibles escenas de dolor, de las que fui testigo, protagonizadas por madres, esposas e hijos suplicando a los jefes de las Farc compasión para sus parientes secuestrados. Familias enteras llegaban hasta la zona de distensión buscando una luz de esperanza para ponerle fin a su suplicio. No me cabe duda de que el secuestro es uno de los crímenes más graves sobre la faz de la tierra porque representa la vulneración extrema de los derechos del ser humano y de todo su entorno afectivo.

Tienen razón las Farc cuando aseguran que no pueden devolver el tiempo para evitar las humillaciones y el dolor provocados a sus víctimas, pero si su lamento es honesto deben dar pasos adicionales para garantizar verdad y justicia ante la JEP, el organismo que juzga y sanciona sus crímenes, y especialmente ante las personas que lesionaron con la comisión de esta despiadada práctica que exige también reparación.

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt, privada de su libertad casi 7 años, calificó el secuestro como “la anulación del ser humano”, que no tiene fecha de vencimiento. Que los exintegrantes de las Farc asuman que su vida entera, en honor a las víctimas, debe estar dedicada a devolverles la dignidad que les arrebataron.