Si no estuviera de por medio un presunto caso de abuso sexual a menores, lo que está sucediendo con el proceso contra el exalcalde Puerto Colombia Carlos Altahona podría inspirar un desternillante sainete. Pero el tema es tan serio que la Fiscalía y la Procuraduría ya se han movilizado para establecer si el procedimiento judicial se está desarrollando debidamente.
En abril pasado se celebró una audiencia, solicitada por la defensa de Altahona, para evaluar la revocatoria de la medida de prisión intramuros al exalcalde. Sorpresivamente, el juez Segundo Penal Municial de Barranquilla, Néstor Primera, se declaró inhibido por “razones morales” para tomar una decisión, alegando que había “rumores en los pasillos” de que lo habían sobornado para que beneficiara a Altahona.
El juez trasladó el caso a un colega, según establece la norma, pero este consideró infundada la inhibición y elevó el expediente a un juez del Circuito para que decidiera qué hacer. El juez del Circuito coincidió en que la inhibición carecía de fundamento y devolvió el caso al juez Néstor Primera. quien, el 9 de julio pasado, dejó en libertad al exalcalde de Puerto.
Fiscalía y Defensoría apelaron, y ayer debía celebrarse la audiencia para decidir si se revocaba la libertad a Altahona. Pero –¡oh, sorpresa!– apareció una carta de una veeduría de Popayán llamada Mujeres Empoderadas, en la que se pide al juez Néstor Primera que rectifique y devuelva a Altahona a prisión. A lo que el juez suspendió la audiencia con el argumento de que debía estudiar el contenido de la misiva antes de seguir adelante con el proceso.
EL HERALDO averiguó que la veeduría tiene como objeto social atender casos de víctimas del conflicto y restitución de tierras, en el ámbito municipal de Popayán. Pero –más sorprendente aún–, hablamos con la coordinadora de la veeduría y esta aseguró, estupefacta, no saber nada de la supuesta carta. Cuando le citamos el nombre de quien aparece como remitente, dijo que hay una ama de casa con ese nombre en la organización, pero en este momento está escondida en el Cauca por amenazas en su contra. “Le aseguro que esa carta es falsa”, sostuvo.
Todo esto, obviamente, huele mal. A ello se suma que la Fiscalía y la Procuraduría están indagando sobre la forma en que se han realizado los repartos judiciales de las audiencias en el caso Altahona.
Por supuesto que al exalcalde le asiste el derecho de presunción de inocencia que consagra la Constitución. Pero en torno al caso están sucediendo cosas que, como mínimo, podríamos calificar de atípicas. Y que deben ser aclaradas.
