La discusión pública acerca de la migración venezolana al país se vuelve más compleja a medida que el tiempo transcurre y el asunto se analiza no solo desde el punto de vista humanitario o político.
El impacto que tienen en la economía y el empleo los ciudadanos del vecino país que se quedan de manera permanente en nuestras ciudades comienza a ser determinante y a formar parte de las categorías de análisis de los expertos oficiales.
Al respecto, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) ha revelado nuevas cifras que dicen mucho sobre la realidad laboral colombiana, ya permeada por la presencia de un número importante de inmigrantes venezolanos.
Según la reciente publicación del ente oficial, 144 mil de las 198 mil personas que encontraron empleo en Colombia entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, fueron ciudadanos venezolanos que llegaron al país en el último año. Estos datos contrastan con los que muestran que de las 310 mil personas que se quedaron sin empleo en el mismo período, 265 mil son colombianos.
A primera vista, en los indicadores publicados por el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, están implicados dos factores de la dinámica migratoria, uno positivo y uno negativo: por un lado, la capacidad que ha tenido el mercado laboral colombiano de absorber el flujo migratorio, lo cual es una promesa cumplida del Gobierno, surgida de una responsabilidad humanitaria, pero que parece ir más allá de la mera solidaridad con las familias que huyen del régimen de Maduro; por otra parte, se evidencia el hecho de que al acoger a los venezolanos caídos en desgracia y ofrecerles plazas de trabajo –formal e informal–, cientos de miles de colombianos dejan de acceder a esas oportunidades, lo cual hace que el desempleo no disminuya en términos reales.
Mientras la situación política en Venezuela permanezca inalterada y sigan entrando venezolanos en edad laboral, los retos en materia de empleo se multiplican para el Gobierno, que ya ha empezado a tomar medidas, como flexibilizar la regla fiscal para los próximos dos años, aumentando el nivel de gasto anual con el fin de mitigar el choque social y económico de la migración.
Es una obligación moral de Colombia acoger a quienes escapan de la complicada realidad política, social y económica de Venezuela, y en este proceso se debe velar por no afectar las oportunidades laborales de millones de colombianos que luchan cada día por conseguir un empleo digno.
