Luego de la captura de tres exoficiales del Ejército y de una exfuncionaria del Ministerio de las TIC, y de la llamada a indagatoria al general (r) Humberto Guatibonza, por el caso conocido como el ‘cartel de las chuzadas’, en la opinión pública surgen más preguntas que respuestas.
Las informaciones preliminares dan cuenta de una organización criminal especializada en interceptar comunicaciones y recabar ilegalmente información de empresas, funcionarios judiciales, miembros de la fuerza pública y ciudadanos del común, con el fin de venderlas a terceros.
¿Quiénes son los contratantes de estos “chuzadores a sueldo”? ¿Qué hacen con la información que compran? ¿Al servicio de qué intereses y con qué financiación se montó una organización que necesitó de recursos tecnológicos de última generación, difícilmente accesibles para delincuentes comunes? ¿De qué tamaño es el caso que tiene en sus manos la Fiscalía General de la Nación?
El tráfico ilegal de información es un delito relativamente nuevo que, sin embargo, ya tiene gravísimos antecedentes cercanos en nuestro país. Sus efectos son devastadores para la integridad de algunos derechos fundamentales de ciudadanos y organizaciones, y sus alcances parecen no tener control en estos tiempos en los que la tecnología avanza tan rápido. Y, lo peor de todo, es que este tipo de fechorías suelen relacionarse con oscuros intereses políticos o ideológicos.
Por eso, la investigación que ha puesto en detención preventiva a estas cuatro personas, no debe quedarse en la judicialización de un pequeño grupo de culpables, sino que debe contribuir a que se conozcan las verdaderas motivaciones y alcances de las actuaciones delictivas que han comenzado a descubrirse, las cuales, de manera lamentable, nos recuerdan los métodos del desaparecido organismo de inteligencia (DAS), desde donde se ordenaron centenares de interceptaciones ilegales contra políticos, magistrados y periodistas, con el trágico saldo de decenas de personas exiliadas y asesinadas.
No es un buen síntoma, en absoluto, que estas prácticas se hayan trasladado de oficinas estatales al servicio de determinadores en las sombras, a carteles privados que ofrecen sus servicios al mejor postor, y la justicia no dispone de tiempos indefinidos para encontrar y castigar a todos los responsables, y para informar a la sociedad sobre las conclusiones de este caso y los que se deriven de él.
La privacidad no es un asunto menor. De ella depende el ejercicio más básico de la libertad, el valor en el cual se basan la civilización y la democracia. Es, ni más ni menos, lo que presuntamente se ha vulnerado en este caso, y por esa razón esperamos ver pronto los resultados, los culpables y los castigos ejemplares.
