El debate por la prohibición a las tiendas para vender cerveza en el espacio público pica y se extiende. Ahora son las gobernaciones de todo el país las que han puesto el dedo en la llaga por el “desangre” de las arcas departamentales ante la reducción del consumo de esta bebida.
El tema ya está en manos de la Federación Nacional de Departamentos (FND), que sirve de intermediaria ante el Gobierno para exigir claridad sobre el polémico artículo del Código de Policía. Y en caso de que las peticiones de los gobernadores no sean escuchadas, el siguiente paso sería demandar esta medida ante el Consejo de Estado.
“No estamos pidiendo que se modifique el Código, solo que se haga una correcta interpretación por parte de la Policía y no se les impongan comparendos a los tenderos por esta causa (…) El Código no establece la terraza o el antejardín de las tiendas como espacio público, de hecho, si a un tendero le embargan su predio por alguna deuda, también le embargan la terraza”, señaló el secretario de Hacienda del Departamento, Juan Carlos Muñiz, uno de los que ha asumido la vocería en este espinoso tema.
De acuerdo con el funcionario, cuando se presentó el proyecto de Ley al Congreso de la República, durante su estudio se tachó la palabra antejardín del artículo, por lo que insiste en que se trata de un problema de interpretación.
Este año, el Atlántico ha dejado de recibir $6.000 millones en impuestos debido a la caída de las ventas de cerveza. La reducción del consumo se debe en gran medida a la aplicación del Código de Policía, que en la práctica ha desalentado la venta de esta bebida en tiendas, según las gobernaciones.
Para el gremio de los tenderos, Undeco, el problema no es tanto el Código de Policía sino el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que le ha dado la categoría de espacio público a las terrazas de estos establecimientos. Las pérdidas de las tiendas en el Atlántico ascienden a $1.500 millones al mes.
Al debate se sumó ayer la Alcaldía Distrital, que fijo su posición por medio del secretario de Gobierno, Clemente Fajardo: las tiendas pueden vender licor para que los clientes lo consuman en otro lugar, pero estos no pueden ingerirlo en el establecimiento. Según el funcionario, no es un problema del POT, sino de que no están autorizadas para hacerlo.
¿Qué sigue ahora? Por lo pronto, el llamado es a no crear divisiones sino a trabajar de manera conjunta para hallar una salida a una problemática que los afecta a todos. Los gobernadores parecen estar dispuestos a llegar hasta las últimas instancias, por lo que será el Consejo de Estado el que tenga la última palabra.
