En medio de la cruzada anticorrupción más grande que ha vivido Colombia, que trata de subsanar los métodos de contratación pública que terminaron por imponerse en el país, el Gobierno nacional asume el control del proyecto Ruta del Sol II.

Por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Ministerio de Transporte, a través de Invías, tendrá la responsabilidad de llevar a término las obras de este gigantesco proyecto, trascendental para Colombia, el cual había sido adjudicado a la multinacional brasileña Odebrecht usando una enorme y sofisticada red de sobornos cuyas cifras y alcances reales aún están por descubrirse.

Este anuncio genera un alivio en la opinión pública, toda vez que las actuaciones judiciales del caso Odebrecht habían sumergido en la incertidumbre el futuro de este corredor vial, clave para la comunicación terrestre entre el interior y la Costa Caribe.

Pero, además de las razones prácticas, la salida de la multinacional especializada más en sobornos que en construcción de carreteras, es un ejemplo de que cuando se lo propone, la Justicia puede ser veloz e implacable, y una clara muestra de que la corrupción no puede tener cabida en la sociedad, más aún cuando lo que está en juego es el interés de millones de colombianos.

Las investigaciones, las condenas y las acciones correctivas, en este y en otros casos de corrupción pública y privada, deben continuar sin dilaciones, incluso en medio de los factores distractores implicados en la inminente época electoral.

Es momento de mantener la guardia en alto, no solo para llevar hasta las últimas consecuencias los casos recientemente descubiertos, sino para esclarecer los que faltan, al mismo tiempo que se deben concentrar los esfuerzos en prevenir que la macabra cultura de la corrupción continúe permeando todas las iniciativas de desarrollo que tanto necesita Colombia.

La continuidad de la obra es una buena noticia principalmente para quienes habitan en los territorios que se beneficiarán con esta carretera. Y para los cientos de trabajadores, proveedores y contratistas a quienes no se les habían cancelado deudas por meses de trabajo, y que ahora podrán ser recontratados.

Para el Gobierno, lo importante ahora debe ser cumplir con la responsabilidad de terminar con eficiencia y transparencia estos 605 kilómetros de carretera, que no solo son concreto y asfalto, sino la realización de una aspiración de modernización, empleo y desarrollo para millones de colombianos.