El 1o. de septiembre de 2016, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció a bombo y platillo la detención de 92 colombianos por una supuesta conspiración para desestabilizar al país vecino.
Aquella noticia tuvo cierta repercusión mediática y, casi de inmediato, cayó en el olvido. Como sucede lamentablemente en nuestro país, los acontecimientos se suceden unos a otros con tal vértigo que apenas hay tiempo para digerirlos.
En una excelente investigación del periodista Jesús Blanquicet publicada ayer, EL HERALDO reveló que 61 de aquellos compatriotas continúan en prisión, sin que hasta el momento se les haya imputado formalmente cargo alguno. Los 31 restantes se han fugado, han sido liberados por razones “humanitarias” o han fallecido en cautiverio.
Se da la circunstancia de que la práctica totalidad de los detenidos son costeños: 55 bolivarenses y cuatro barranquilleros. Un manizalita y un bumangués completan el grupo de detenidos. Todos ellos niegan haber participado en actividades ilegales y denuncian ser víctimas de una maniobras política del régimen. Además, se quejan de las condiciones del encierro. “Estamos soportando necesidades inimaginables”, dicen.
El responsable de Negocios de la embajada colombiana en Caracas y encargado de asuntos consulares, Germán Castañeda, asegura a este diario, en declaraciones que reproducimos en la edición de hoy, que ha remitido 24 notas diplomáticas a distintas instancias de la Administración venezolana sobre la situación de los detenidos y no recibido respuesta a ninguna.
El hecho es que ahí siguen 61 compatriotas en un limbo jurídico dentro de una prisión del régimen chavista, sin que se dibuje en el horizonte una salida para tan aberrante situación.
Más allá de las gestiones, a todas luces infructuosas, que está adelantando la embajada en Caracas, resulta imperativa en este caso una implicación oficial del máximo nivel. Nos referimos a una intervención del propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, o, como mínimo, de la jefa de la diplomacia, María Ángela Holguín.
Que Maduro haya sido un aliado activo en las negociaciones de paz con las Farc, o que la vecindad de los dos países aconseje una relación de cordialidad entre las partes, no puede convertirse en argumento para pasar de puntillas ante un asunto de tanta gravedad como el que se plantea con la suerte de los detenidos.
El presidente debe tomar cuanto antes cartas en este tema, en el que, según todos los indicios, se estarían vulnerando los derechos de 61 conciudadanos.
