Es un hecho. El Gobierno nacional expidió el decreto en el que detalla los impuestos tributarios que impondrán a juegos de azar, timbre e hidrocarburos por venta y exportaciones para recaudar parte de los recursos destinados para la conmoción interior en Catatumbo.
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El decreto 0175 que entra en vigencia a partir de este viernes, detalla que los juegos de azar que operan exclusivamente por internet tendrán un gravamen de 19 %, mientras que el de hidrocarburos por venta o exportaciones y el de timbre van a recaudar cada uno un 1 %.
Dicho decreto del Gobierno establece en su escrito que el generador del Impuesto sobre las Ventas (IVA) para los juegos de suerte y azar operados por internet será el depósito en dinero, entendido como el pago efectivo transferencias de criptoactivos por cada usuario apostador operador juegos de azar exclusivamente por internet, para ser abonados en su cuenta de usuario y obtener el derecho a apostar, a partir de la aplicación del decreto.
Según lo que está en el decreto, también aplica para los que emitan este tipo de juegos desde el exterior para Colombia.
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Sobre el impuesto a la extracción de hidrocarburos y carbón al momento de venta o exportación, el decreto señala que este será “temporal”.
Este impuesto lo pagarán las empresas o personas naturales que vendan en Colombia o exporten hidrocarburos y carbón, y que presenten o acepten la solicitud de autorización de embarque al resto del mundo.
Varios gremios han manifestado su descontento frente a este decreto, y ven desde ya impactos negativos para el desarrollo de la economía colombiana.
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Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente del gremio Fenalcarbón, Carlos Cante, quien sostuvo que “este decreto es parte de la estrategia del Gobierno nacional para acabar con la competitividad de los carbones colombianos, ya que afecta tanto a las exportaciones, como al consumo interno”.
“Estamos hablando de un impuesto que grava tanto a los carbones térmicos como metalúrgicos, sin importar la escala de producción. Aquí se van a ver afectados por este tributo no sólo la gran minería de carbón, sino también la mediana y pequeña minería del interior del país” explica Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón.
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El gremio también alerta sobre las implicaciones de este nuevo impuesto dentro de la estructura económica nacional. “No podemos olvidar que los carbones en Colombia se usan para diferentes industrias como la generación de energía, la elaboración de ladrillo, cemento y acero, entre otros, que se verán impactados por este tipo de tributos. Adicionalmente, con el riesgo de interpretación técnica que este no sea un monotributo que se paga una sola vez dentro de la cadena, sino donde existe la posibilidad de que se genere y pague dos veces cuando el comercializador no es el mismo productor”, agregó Carlos Cante.
Recalcó que con este impuesto, que se fija por el resto del año y no sólo los 90 días que determina la conmoción interior, se limitan las posibilidades de mover, comercializar, industrializar y exportar los carbones térmicos y metalúrgicos de la pequeña minería del interior del país.
El presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, dijo que “con este nuevo impuesto, se sigue sobrecargando la industria minera nacional, en lugar de incentivar el crecimiento del sector, el Gobierno con sus decisiones sigue sobrecargándola de impuestos, regulaciones y restricciones que la hacen poco atractiva para el capital y la inversión”.
Agregó que este nuevo gravamen se suma a una serie de determinaciones que afectan la seguridad jurídica y la confianza en el país, como la sobre tasa al impuesto de renta, la prohibición de exportaciones a Israel, las Áreas de Reserva Temporal, las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos -APPA, entre otras tantas, que impiden el normal desarrollo y en algunos casos excluyen la actividad minera. Todo esto genera un nuevo mensaje negativo que compromete la estabilidad económica de las regiones donde la minería es una fuente clave para el empleo y desarrollo.
“El carbón ha sido un pilar de la estabilidad fiscal y una fuente clave de inversión y empleo en las regiones productoras. En lugar de seguir imponiendo más barreras para el sector, el Gobierno debería enfocarse en incentivar la producción, garantizarle reglas claras y fomentar la competitividad de la industria”, agregó Nariño.
