De acuerdo a cifras de Acemi, unos 6.6 colombianos sufrirían el traslado de EPS sin su autorización.
El Gobierno de Gustavo Petro redefinió la operación territorial de 20 EPS en 1.102 municipios y activó traslados de afiliados donde las aseguradoras no fueron autorizadas.
Las críticas surgen luego de la expedición de un decreto que modifica las reglas de operación del aseguramiento en salud.
La decisión surge luego de que el decreto fuera derogado el 24 de junio del año 2025, pocos días después de que la reforma laboral que el Ejecutivo buscaba someter a consulta ciudadana fuera aprobada en el Congreso tras una apelación.
Antonio Sanguino señaló que el cálculo del “mínimo vital” de la OIT para 2025 sirve de referencia para un ingreso que cubra la canasta básica de un hogar promedio de tres personas, aunque el Consejo de Estado no exige incorporar este análisis, limitándose a la Ley 278.