La protesta es una de las pocas herramientas que tiene la ciudadanía para manifestarse. Es un derecho constitucional que debería ser respetado. Se espera que se mantenga dentro del marco del pacifismo. Mientras no viole este principio, ningún ente policivo puede actuar contra los manifestantes. Ni violentarlos, ni criminalizarlos; menos atacar su integridad física o poner en riesgo la de los inocentes. Es una ecuación simple que, en muchas ocasiones, no es acatada por los agentes del orden.

Es innegable que en la protesta los estamentos de control se encuentran ante una dicotomía. Por un lado, la protección de este derecho fundamental. Por el otro, garantizar la seguridad ciudadana y el orden constitucional, los cuales podrían verse afectados. No obstante, dados los recientes eventos en las universidades, es evidente que las normas existentes son insuficientes para respaldar el ejercicio del derecho. Se alienta la represión, se justifica excusándose en la supuesta seguridad ciudadana.

En los últimos días, Bogotá ha sido escenario de los ataques que el Esmad ha efectuado contra estudiantes de universidades públicas y privadas. Lo que en principio fue una manifestación de los estudiantes de la Universidad Distrital, terminó involucrando a estudiantes de la Universidad Javeriana cuando fueron agredidos por miembros de la policía antidisturbios sin razones válidas.

Los estudiantes de ambas universidades fueron atacados con gases lacrimógenos y golpeados. Asimismo, los días miércoles y jueves, las universidades Nacional, Colegio Mayor de Cundinamarca y Pedagógica recibieron ataques injustificados. El discurso oficial asegura que todo fue en respuesta al vandalismo. Sin embargo, los hechos demuestran que sobresale la actitud violenta de la policía en contraste con los supuestos actos vandálicos. Entonces, ¿el Esmad realmente cumple su función? ¿O pretende silenciar a los estudiantes que ejercen su derecho a la protesta? ¿Y acaso el Gobierno avala tal comportamiento?

Es evidente que existe vandalismo dentro de esas manifestaciones. Actos que por supuesto deben ser penalizados. Ahora, no siempre es el caso. Así que surgen dudas: ¿cuál es el interés de criminalizar a los estudiantes adjudicándoles actos que, hasta el momento, parecen no ser llevados a cabo por ellos? ¿Por qué el interés en mentir y generar miedo alrededor de las protestas? Lo que parece estar de manifiesto es la intención de reprimir a los ciudadanos, cuyo derecho a protestar es legítimo y necesario.

Los estudiantes, a lo largo de la historia, han sido claves en la lucha por los derechos. La conducta del Esmad en la última semana, alarmante y violenta, es la punta del iceberg de un sistema que parece dirigirse cada vez más hacia la anulación de todo aquel que se atreva a denunciar y a luchar en contra de las injusticias.

@MariaMatusV
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