El índice de pobreza monetaria en Colombia, que iniciando el presente milenio se encontraba cercano al 50%, venía en una senda de reducción progresiva, llegando hasta cifras del 27% hace unos tres años. Esto significó que millones de colombianos venían saliendo de la pobreza; hasta la pandemia. Las razones de esta reducción son múltiples, pero incluyen principalmente la bonanza petrolera y de carbón que se vivió en gran parte de lo que va del siglo y la atracción de inversión extranjera, permitiendo el crecimiento del PIB; hasta la pandemia.

La pandemia de la covid-19 y sus efectos han significado la mayor destrucción de valor, de empleo, de empresas y de vidas tal vez, desde las guerras mundiales. Las consecuencias en Colombia han sido ampliamente difundidas y ocasionaron, entre otras, que el índice de pobreza monetaria se trepara al 42%, retrocediendo más de una década en esta lucha en contra de la pobreza. Esto significó que millones de colombianos que estaban en situación de vulnerabilidad, cayeran en la pobreza con múltiples necesidades básicas insatisfechas. La pandemia también evidenció la presión que sobre todo el sistema representó la migración de venezolanos, agregando lastimosamente más pobreza y más necesidades en cuanto a salud, educación, subsidios, empleo formal e informal que el país no estaba preparado para absorber.

En lo que parecíamos estar de acuerdo es que, en paralelo a que se ampliara la capacidad hospitalaria y de reacción para atender la emergencia sanitaria y a que se diera una reapertura hacia la “nueva normalidad”, y una vez iniciada la vacunación contra la covid-19, era prioritario reactivar la economía, para de esta forma recuperar empleos y que esto irrigara los distintos sectores económicos para poder volver a la senda del crecimiento e ir reduciendo nuevamente la pobreza. Y en eso íbamos; hasta el paro.

El paro y en especial los bloqueos, son una amenaza tan grande para la economía, como la misma pandemia. El impacto que esto genera en la vida de todos los colombianos, puede ser tan o más difícil de recuperar que los generados por la covid-19. Recientemente los puertos del país alertaban las dificultades en sus capacidades de almacenamiento al no conseguirse camiones para recibir y despachar mercancías, lo cual podía significar en un colapso de varias terminales, algo que ya se está viendo Buenaventura. Esto, significa en términos prácticos, una amenaza para el abastecimiento de alimentos, materias primas e insumos para todos los colombianos.

Este encarecimiento de alimentos; el desabastecimiento de elementos básicos del día a día; evitar el libre tránsito de suministros y personas por el territorio nacional; los vandalismos que provocan el cierre de comercios que afecta no solo a sus ‘millonarios’ propietarios sino a los múltiples empleados que devengan su sustento de ir a trabajar a estos sitios; el daño en bienes públicos, que deben pagarse con los impuestos de todos y además encarecen las pólizas de seguro; el vandalismo en peajes, que permiten que nos movamos por las carreteras; el cierre de negocios y de empresas de todo tipo, nuevamente con la pérdida de empleos que esto representa; el riesgo de pérdida del grado de inversión, que implica que a todos se nos encarezcan los créditos; y por supuesto los menores impuestos que van a pagar las empresas y las personas que devengan menos o que se vean abocadas al cierre definitivo; no representa otra cosa que pegarse un tiro en el pie.

Quienes reclaman de manera legítima, deben tener presente los efectos que esto nos genera a todos, incluyendo a ellos mismos, y respetar los derechos de los demás, incluido los de quienes no salen a marchar.

*Director Asoportuaria