Quienes hemos sufrido de acoso judicial sabemos que hay personas que intentan acallar las voces que los critican, acusando a los que opinamos en medios de comunicación y redes sociales de injuriadores y calumniadores.
Se trata de una muy extendida estrategia de hostigamiento que busca usar al aparato legal del Estado para censurar, a punta de miedo o de cansancio, las voces contrarias a sus intereses.
En la gran mayoría de los casos, los procesos penales en contra de periodistas no llegan a juicio: unos pocos terminan en la etapa de conciliación –generalmente con el retiro de los cargos por parte de los querellantes–, y otros acaban, luego de años de largos trámites, con el previsible escenario en el cual el fiscal que decidió en mala hora seguir adelante con la acusación no puede probar delito alguno.
Lo curioso es que a estas alturas haya gente que piense que este modus operandi es eficaz para detener las opiniones de la prensa libre y de los particulares que expresan su pensamiento en las redes. Pero también lo es que algunos de los injustamente acusados supongan que existe alguna posibilidad de que los sancionen con multas, indemnizaciones o arrestos solo por decir lo que piensan de algún personaje público con rabo de paja.
Por supuesto, no se puede aceptar ni promover la calumnia disfrazada de opinión. Una cosa es, por ejemplo, decir que fulano es un criminal sin aportar para ello pruebas contundentes -lo cual no es opinión sino terrorismo-, y otra muy distinta evidenciar la torpeza, la indolencia y la mediocridad de los personajes públicos que nos rodean, así como las sospechas éticas y legales que generan sus actuaciones.
Es obvio que el derecho de opinar debe ejercerse con sabiduría y sensatez, pero quienes lo hacemos en los medios de comunicación no podemos caer en el exceso de medir los tonos, los énfasis, los adjetivos y las particularidades de nuestras maneras de decir atormentados por las posibles acciones judiciales que en nuestra contra puedan emprender los intolerantes, los energúmenos, los que solo comulgan con la adulación y la unanimidad.
La opinión responsable es un derecho protegido por la Constitución y no es aceptable que algunos pretendan subvertirlo maniobrando al filo de los incisos del Código Penal. Eso habla muy mal, no solo de los personajes públicos que ordenan demandas a diestra y siniestra, sino de los abogados que se prestan para estos juegos macabros, y de un país que no resiste el disenso como factor fundamental de la discusión pública.
La sociedad necesita que los opinadores no digamos nada de lo que tengamos que retractarnos, que seamos valientes, incómodos, francos, honestos; y también que los personajes públicos se defiendan con argumentos y no agobiando a nuestro frágil sistema de justicia con querellas caprichosas e imposibles de sustentar que solo buscan encontrar grietas para que quienes evidenciamos sus fechorías y sus ineptitudes nos callemos la boca.
@desdeelfrio
