Hemos hablado mucho de hacer la justicia más eficiente. Entre las muchas cosas que se pueden hacer, hoy quisiera abordar un tema que puede ser incómodo para algunas personas, pero a veces es necesario incomodar para avanzar. Se trata de la justicia penal militar.

El primer argumento es sencillo: el derecho penal es la última ratio. Esto significa que el derecho penal solo debe utilizarse cuando no haya más remedio, es decir, cuando no exista otro modo de protección menos invasivo. Bajo esta premisa, muchas de las faltas del catálogo penal militar deben ser sancionadas administrativamente y no con cárcel. No se trata de minimizar las faltas cometidas por los militares y policías, sino de garantizar que la respuesta legal sea proporcional y adecuada al tipo de infracción.

En el mismo sentido, ya existen varios pronunciamientos de las Altas Cortes donde se restringe cada vez más este ámbito. Cuando se trata de violaciones de derechos humanos, aun estando en servicio, los casos deben ser llevados por la justicia ordinaria.

Además, el Código Penal comprende todo un capítulo acerca de las violaciones al derecho internacional humanitario, precisamente porque nos encontramos en un país en conflicto. Es fundamental que estas violaciones sean tratadas con la seriedad y el rigor que merecen, y que se establezcan mecanismos efectivos para su prevención y sanción.

Un punto adicional que merece especial atención es la situación donde la justicia ordinaria está investigando y judicializando a personas que hacen parte de las fuerzas militares o de la policía, y al mismo tiempo, estos individuos reciben ascensos en sus carreras militares, burlando a las presuntas víctimas. Esta práctica no solo es una falta de respeto hacia las víctimas, sino que también socava la credibilidad.

La reforma de la justicia penal militar no solo es una cuestión de eficiencia, sino de justicia y respeto a los derechos humanos. No podemos permitir que actos graves queden impunes o sean tratados con indulgencia simplemente por el contexto militar en el que ocurren. Debemos avanzar hacia un sistema donde las faltas sean sancionadas de manera justa y proporcional, y donde las violaciones de derechos humanos sean tratadas con la gravedad que ameritan.