Por mis actividades profesionales, en los últimos meses del año pasado, tuve la oportunidad de reunirme en dos ocasiones con la ministra de salud, doctora Carolina Corcho. Durante los encuentros, he evidenciado el genuino interés que tienen la colega y su equipo, por introducir cambios estructurales en nuestro sistema de seguridad social en salud con el objetivo de garantizar el pleno derecho a ella a todos los colombianos.
La claridad conceptual con que la ministra ha expresado en dichas reuniones lo que desea, contrastó con la poca concreción que mostró en la forma cómo planea lograrlo. La crítica posición que manifestó frente al sistema actual se basó en muchas premisas ciertas, sin embargo, algunas de las conclusiones que de ellas se derivaron las percibí matizadas con tintes de activista político que, a mi juicio, las distancian del tecnicismo que necesitarán para ser usadas como argumentos sólidos en los debates que se avecinan ante los críticos del proyecto.
Si bien, en las últimas semanas he conocido por los medios de comunicación algunos puntos ahora más concretos de la propuesta, persiste en mí la incertidumbre frente a los cómo se lograrán los ambiciosos objetivos trazados.
No obstante lo anterior, tengo la esperanza de que una vez se haga pública la totalidad del texto de la reforma propuesta, los diferentes actores del sistema podamos, a través de un diálogo transparente y sin agendas ocultas, concertar las acciones necesarias para garantizar que la gobernanza de nuestro sistema de seguridad social en salud se haga con la participación coordinada de todos los que lo formamos y que la implementación de las políticas públicas resultantes de la ley que se apruebe se orienten, de una vez por todas, a garantizar la universalidad del disfrute del derecho a la salud con la prestación de servicios oportunos, suficientes, y eficientes.
Para lograr lo anterior, necesitaremos tener la disposición de debatir más allá de los taquilleros tópicos relacionados con la sostenibilidad financiera del sistema, y de quién o quiénes tendrán el control del flujo de los recursos.
Si logramos desarrollar una gobernanza adecuada, podremos sin duda, disfrutar de los beneficios de un mayor gasto público en salud, de la prevención de riesgos y de la desaparición de hechos de corrupción que tanto daño le han hecho a la confianza entre nosotros, los actores del sistema.
